Cuando los elefantes pelean, la hierba es la que sufre. Con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 'a la gresca' por el hipotético traslado de los juzgados desde la plaza del Pilar al recinto de Ranillas, urge echar una mirada a los vecinos y comerciantes del Casco Histórico, que serán los más afectados por la mudanza de las sedes judiciales. Se calcula que, al día, unas 3.000 personas -entre funcionarios, abogados, peritos...- pasan por estos juzgados, y son quienes realmente dan vida al barrio. "Fíjate, aquí no hay vecinos: tenemos una residencia de ancianos, el Gobierno Civil, el Ayuntamiento y poco más...", cuenta Isabel Calvo, propietaria del bar Las Catedrales, que asegura que la plaza del Pilar "por la tarde y en invierno es como el desierto".

Son muchos los bares y establecimientos de hostelería que se nutren esencialmente de la clientela que los juzgados genera, pero no son los únicos: las peluquerías, las farmacias, la popular churrería de la esquina de Manifestación y hasta el mismo Mercado Central se benefician de la actividad paralela a los juzgados.

"Desde que se estrenaron hace ahora más de quince años, han servido para regenerar el barrio", comenta José Antonio Córdoba, copropietario de El Picadillo, uno de los bares más populares de la zona. "Antes esto era un descampado con ratas, robos constantes y mucha inseguridad", continúa Córdoba, que argumenta su rechazo al traslado, también, con lo que no es tan evidente y no se ve a primera vista. "No son solo los juzgados y toda la gente que arrastra, también es que hay cientos de despachos de abogados en todas las calles adyacentes y los alquileres del barrio los ocupan funcionarios y profesionales de la judicatura".

Mientras echan la partida, y sin quitar ojo al tapete, algunos vecinos, comerciantes y clientes habituales del bar opinan que "esto lo hacen para tapar el fracaso del recinto de la Expo porque allí se ha enterrado un montón de dinero y el parque empresarial que tenían planeado no acaba de arrancar. Aquello parece una ciudad fantasma", afirman.

Posiciones encontradas

Sea como fuere, las espadas entre la DGA y el Ayuntamiento están en todo lo alto. El consejero de Justicia Rogelio Silva defiende la oportunidad que ofrece el recinto de la Expo para la creación de Ciudad de la Justicia y dice que el proyecto "cuenta con el apoyo de los operadores judiciales y no tiene ninguna contradicción".

El Consistorio le desdice con una contundencia a la que nos tiene poco acostumbrados. El propio alcalde Belloch, muy explícito, advierte a la DGA de que "si piensan financiar la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia con la construcción de viviendas en el solar que dejen los juzgados, que se olviden".

Y mientras continúa el rifirrafe político, algunos vecinos recuerdan que anteriormente ya vivieron experiencias semejantes. Hace unos meses el Ayuntamiento trasladó a unos cuantos funcionarios al edificio del Seminario y eso también se ha dejado notar. "Sí, igual que cuando se llevaron el Registro Civil de la plaza del Pilar hasta la calle Alfonso, que mira que está cerca, pero la clientela y la facturación descendió en torno al 20%", comenta Isabel Calvo.

La Unión Vecinal Cesaraugusta también muestra su malestar y advierte de que el traslado serviría para dejar vacíos edificios importantes y aumentaría la degradación del Casco Histórico. Manuel Ortiz, presidente de la asociación, cree que "la zona necesita mantener equipamientos utilizables y generadores de actividad y empleo", y consideraría un "error urbanístico y social" el traslado. La Unión también pide ampliar las dependencias judiciales del Casco, aunque algunos vecinos recuerdan que este extremo es complicado porque, sin ir más lejos, la Audiencia se iba a ampliar "y tuvieron que paralizar las obras porque salieron restos arqueológicos". La ciudad romana emerge por los alrededores de la calle de Galo Ponte y complica aún más el futuro de un barrio que teme perder su tejido social y que apenas queden los bares nocturnos de la calle de Contamina.