La concesionaria del Palacio de Congresos ya fue sancionada por la Expo durante la muestra

La concesionaria del Palacio de Congresos, Fodimetac, no tardó ni tres meses en incumplir el pliego de condiciones, ya que dejó de prestar alguno de los servicios a los que estaba obligada durante la Expo 2008 y le costó una importante penalización. Fodimetac fue sancionada con 45.000 euros por la propia sociedad pública Expoagua, dado que la firma debía disponer de un coordinador para velar por el cumplimiento de los servicios y estar disponible "las 24 horas del día durante todos los días de la Expo", sin que este punto (el primero que consta en el pliego de condiciones del concurso) se cumpliera, según apuntaron fuentes de la sociedad.

Esta labor de coordinación recayó en el director del Palacio de Congresos y socio de Fodimetac, José Luis Laborda, quien apareció por el recinto de Ranillas "en contadas ocasiones durante el verano de la muestra", tal y como apuntaron las citadas fuentes. Sin embargo, Laborda negó ayer a este diario esta circunstancia y aseguró: "Estuve los 90 días".

El actual director del Palacio explicó que incluso la concesionaria disponía de un piso en Zaragoza para vivir y que "siempre estuvo localizable". También indicó que además de él, había otra mujer que ejercía de coordinadora cuando él se ausentaba y, a veces, estaban los dos. Laborda recalcó que la adjudicataria incluso tenía otros coordinadores, de mobiliario, de audiovisuales, de personal en el edificio. "Esto no lo pone en el pliego de condiciones y lo hacíamos", justificó Laborda, que reconoció que el administrador hizo un escrito rebatiendo los argumentos de la Expo.

"Malas relaciones"

También quiso advertir de que las relaciones con la sociedad pública no eran buenas: "Tuvimos muchos problemas con Expo porque no nos entendíamos con una serie de personas". "No se nos consultaba nada y no sabíamos ni el calendario ni la programación que había", recriminó el responsable del Palacio.

Esta suspensión del servicio -fijado en las condiciones del pliego- podría haber motivado incluso la resolución del contrato de concesión, tal y como recoge el propio pliego de condiciones.

"El plazo máximo de suspensión de servicio será individualmente de cinco días, y acumulativamente de 10 días. En caso de superar dichos plazos de suspensión del servicio, el Gobierno de Aragón podrá optar por resolver el contrato o por la imposición de nuevas penalidades", especifica el pliego.

El contrato fija la penalización en 10.000 euros por cada día de suspensión, por lo que se optó por una severa sanción que fue motivo de discusión en el seno de la propia concesionaria. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esta penalización fue interpuesta por la Expo y no por el Gobierno de Aragón, puesto que hasta enero de 2009 el Ejecutivo autonómico no recibió el Palacio. De hecho, durante los tres meses y medio desde que acabó la Expo hasta que se recepcionó, hubo de acometerse una serie de obras para adecuar el edificio a su función actual.

Por su parte, durante el periodo en el que la DGA se ha hecho cargo completamente del Palacio, Fodimetac no ha recibido ninguna sanción de la administración autonómica, según informaron fuentes del Gobierno de Aragón.

El grupo de empresas que ganó el concurso de la DGA, Fodimetac, tiene garantizada la gestión del Palacio de Congresos hasta el 23 de enero de 2019. El socio mayoritario (60%) es Comunidad de Restauración del Mediterráneo -Coreme, grupo Paradís- que actualmente se encuentra en suspensión de pagos. De hecho, la falta de liquidez y, por tanto, los impagos han provocado que el edificio se encuentre sin servicio de limpieza ni de seguridad y que numerosos proveedores no hayan cobrado.

Además de Coreme, otras dos firmas catalanas, OTAC y Focus, tienen el 20% y el 15%, respectivamente, de las acciones del grupo. La zaragozana Di&Co dispone del otro 5%, pero ya se desvinculó de la gestión hace casi un año. A la delicada situación económica del principal accionista hay que sumar la denuncia en los tribunales presentada contra este por otro socio por un presunto desvío de fondos de la concesionaria.