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El Ayuntamiento de Zaragoza pide cinco años de cárcel para un funcionario de Urbanismo

Empieza el juicio a un empleado público acusado de quedarse con 90.000? que los promotores de una discoteca le pagaron por conseguir las licencias.

El procesado, a la izquierda, junto a su abogado, momentos antes de iniciarse el juicio en la Audiencia.
El Ayuntamiento de Zaragoza pide cinco años de cárcel para un funcionario de Urbanismo
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Un Tribunal Popular juzga desde ayer a un funcionario del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza para el que la fiscalía pide cuatro años de prisión por un delito de fraude y exacciones ilegales. El Consistorio, que se ha personado como acusación particular contra Andrés García Juan, le imputaba además un delito de tráfico de influencias, pero terminó retirando este cargo.

 

El empleado municipal fue denunciado por dos empresarios que pretendían poner en marcha una discoteca en las afueras de Zaragoza, y a los que se ofreció para conseguir las licencias necesarias y agilizar todos los trámites. Los promotores del negocio, a los que representa el abogado José Luis Melguizo, le acusan de quedarse los 90.000 euros que le entregaron en efectivo para iniciar las gestiones.

 

Los primeros contactos entre los denunciantes y el funcionario se produjeron a finales de 2007, después de que los empresarios consiguieran una nave para montar la discoteca junto a la carretera de Madrid. La persona que puso en contacto a ambas partes fue el tercer socio de los hosteleros, que conocía al acusado y sabía que trabajaba en Urbanismo.

 

Según explicó ayer uno de los promotores de sala de fiestas, "tras tres o cuatro reuniones" se pactó una cita con el procesado en una cafetería de La Romareda. "Pidió que le lleváramos el dinero en efectivo y así se lo entregamos. A cambio, y como garantía, trajo un pagaré que al final resultó no tener fondos", señaló este empresario.

 

Los denunciantes reclamaron el dinero al funcionario tras decidir posponer el proyecto y frenar los trámites administrativos. "Estuvimos varios meses intentando pactar la devolución, pero nos estuvo mareando constantemente. Al final, decidimos acudir al juzgado", recordaron ayer.

 

Durante toda la instrucción, el procesado ha negado los hechos y ha mantenido que nunca recibió ningún dinero. "Yo firmé un pagaré por 90.000? a nombre de mi amigo -el tercer socio- porque me lo pidió para utilizarlo como aval, pero yo no sabía en qué negocio quería meterse", declaró ayer el empleado municipal. "Era un amigo de verdad", señaló el acusado cuando le preguntaron si acostumbraba a firmar pagarés de una forma tan alegre. Sin embargo, el supuesto amigo manifestó que "ni mucho menos" eran tan íntimos.

 

El funcionario, que fue suspendido de empleo y sueldo, dice que sus únicos ingresos proceden de su nómina: 1.800? mensuales. Sin embargo, la Policía detectó movimientos por importe de 220.000? en sus cuentas, en solo 4 años. El acusado mantiene que es víctima de un intento de extorsión que no ha denunciado "por miedo".

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