Zaragoza sigue encarcelando ‘manteros’ pese a que se generaliza su despenalización en España

Los jueces de la capital aragonesa siguen condenando con penas de prisión a los ‘manteros’ detenidos por vender productos falsificados en la provincia. Los magistrados se amparan en el artículo 270 del Código Penal, que recoge penas de seis meses a dos años de cárcel. Bajo esta premisa, los magistrados de la Audiencia de Zaragoza confirman las sentencias que llegan a sus manos en este sentido desde los juzgados de lo Penal. Consideran que si así lo marca la ley, y si los fallos están bien emitidos y fundamentados, deben aplicar la condena.

La capital aragonesa se aparta de esta forma al margen del movimiento jurídico y social que desde hace más de un año se extiende por el resto del país, y que en Aragón representan colectivos como la Red de Apoyo a Sin Papeles. Su mensaje se centra en el “exagerado” castigo que reciben unos individuos “que solo son en el último y más débil eslabón” de la cadena que articula el fenómeno del ‘top manta’. Desde la Asociación de Apoyo a Presos de Aragón (Asapa), una de las entidades que, como Cáritas Cárcel, apoyan esta causa, Seila Hernández pide que este tipo de actos sea despenalizado y que sean tratados por la vía administrativa. “Resulta que por robar quince cedés originales en una tienda no vas a la cárcel, y por vender algunas copias en la calle, sí”, recuerda.

El tema llegó incluso hasta el Congreso de los Diputados, donde el grupo parlamentario ERC-IU-ICV presentó el pasado mes de febrero una proposición no de ley que busca la reforma del Código Penal. La instancia surgió a raíz de la protesta pública de conocidos personajes de la cultura como el actor Guillermo Toledo o la cantante Bebe, e incluso de la magistratura, como José Miguel Sánchez, magistrado del Tribunal Constitucional, o el profesor de Derecho Penal Julián Ríos. A su juicio, actualmente “se está criminalizando la pobreza” con una respuesta penal “desproporcionada”.

Según fuentes oficiales, cerca de 120 personas se encuentran entre rejas en las prisiones españolas, el doble que en 2008, cuando apenas se superaban las 60. En Aragón hay una docena en esta situación, que desde los colectivos antes citados tratan de reconducir. Según informa Seila Hernández, se han presentado hasta 13 peticiones de indulto, y tres de ellas han conseguido la suspensión temporal de la pena mientras se resuelve su solicitud. “De todas formas -lamenta-, siguen llegando a los juzgados todos los días casos de este tipo”.Más de cien casos al año

Según la última memoria de la Fiscalía, el año pasado se abrieron diligencias previas contra 83 personas por un delito contra la propiedad intelectual y 18 contra la industrial. Las cifras disminuyen considerablemente en la provincia de Huesca -22 casos en total- y de Teruel -solo 5 diligencias-. Estos datos suponen un aumento del 21% respecto al año anterior.

Pese a que en la Audiencia de Zaragoza se siguen confirmando las condenas de prisión, sus letrados revocan la responsabilidad civil del ‘mantero’, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias. Su explicación radica en que si se les ha ocupado la mercancía, no han podido causar ningún perjuicio, puesto que todavía no la han vendido.

Esta postura no es suficiente, sin embargo, para los colectivos que luchan por la despenalización del fenómeno del ‘top manta’. Por ello, en Aragón se ha iniciado recientemente una recogida de firmas que en pocos días ha conseguido recabar más de 1.000 apoyos.