La Audiencia de Zaragoza ha condenado a un vecino de Ontinar del Salz, identificado como Óscar Santaolaria, y a otros dos madrileños, Mario Enrique Sánchez Beistegui y Carlos Gil Fernández, por sendos delitos continuados de prostitución y corrupción de menores. Los tres fueron detenidos tras encontrar en sus domicilios abundante material con pornografía infantil que se descargaban a través de internet.

El fiscal pedía para ellos penas que sumaban 22 años de prisión, pero al final solo cumplirán cinco años y siete meses. El procesado zaragozano ha sido condenado a dos años de prisión, ya que se le ha aplicado la atenuante analógica por colaboración con la Justicia. Durante la vista, su abogado, Carlos Bayo, recordó que la información facilitada por su cliente sirvió para desmantelar varias redes de pedofilia.

Carlos Gil Fernández ha sido condenado a un año de prisión, mientras que Mario Enrique Sánchez Beistegui, que era reincidente, tendrá que cumplir dos años y siete meses de cárcel.

Los tres fueron detenidos tras una investigación policial que comenzó a raíz de una denuncia puesta por una usuaria de internet, vecina de Ávila. Esta mujer informó a la Guardia Civil de que el 12 de enero de 2007, a través de un chat y del messenger había mantenido una conversación con una persona que le había ofrecido tres vídeos con material pornográfico con niñas de menos de 13 años.

Los agentes se pusieron manos a la obra y averiguaron que las direcciones personales (IP) del ordenador correspondían a un domicilio de la localidad zaragozana de Ontinar del Salz, pedanía de Zuera, en el que vive Óscar Santolaria. En el registro que se practicó en abril de 2007 en su casa, la Guardia Civil encontró cedés y discos duros que contenían un total de 11.115 archivos de vídeos y fotografías de niñas menores de 13 años obligadas con violencia a realizar actos sexuales y prácticas degradantes. En el momento de la intervención policial, el ordenador estaba descargando del programa Emule 100 archivos con pornografía infantil, 75 de los cuales los estaba compartiendo con otros usuarios.

A través del correo pedófilo mantenido por Óscar Santaolaria con otros internautas, los agentes llegaron diez meses más tarde al terminal de Carlos Gil Fernández, un madrileño residente en Arroyomolinos. En su casa, los funcionarios hallaron unos cien archivos con material pornográfico infantil que contenía escenas aberrantes de adultos violando a niñas de entre 3 y 5 años. El acusado Carlos Gil dijo en su descargo que tiene un trastorno bipolar, que "odia" a los pederastas y que su obsesión era "cazarlos". Para ello, se propuso hacer de "cebo".