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Los partidos apoyan regular la prostitución siempre que se adopten otras medidas sociales

Los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Zaragoza son partidarios, en mayor o menor medida, de regular el fenómeno de la prostitución callejera. Eso sí, todos coinciden en que el problema va más allá de la presencia de este comercio sexual en las calles y abogan por la adopción de medidas sociales que velen por la seguridad tanto de las propias mujeres como de los vecinos de las zonas afectadas. Las protestas generadas estos días en ciudades como Barcelona o en la propia calle de Escosura de la capital aragonesa han reabierto el debate al que anoche se apuntaba el alcalde Belloch, al manifestarse a favor de su regulación legal para evitar los problemas que se están produciendo.

El vicealcalde Fernando Gimeno ya señaló que el Estado y las autonomías deberían apostar por una "regulación administrativa" que prohíba la práctica de la prostitución en la calle. Una medida que desde el principal grupo de la oposición se comparte a medias. "Una regulación como esa puede ser una solución parcial, pero no la definitiva", aseguró la portavoz del PP en el Consistorio, Dolores Serrat. Pese a que la concejala no vería mal elaborar una ordenanza municipal que tratara el comercio sexual en las calles, Serrat incide en que "es un debate que va más allá del Ayuntamiento" y que "lo más importante es luchar contra los abusos que sufren la inmensa mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución".

Por su parte, el portavoz del PAR, Manuel Blasco, considera "correcta" la posibilidad de regular la situación en la ciudad a través de una ordenanza que "permita a los vecinos convivir en las calles donde residen". En todo caso, el socio de gobierno en el Consistorio reconoce que esa sería una solución "parcial" ya que debería abrirse un debate para decidir cuál es el modelo a seguir. "Hay países que lo regulan de una forma y otros de otra. Debemos hablar y decidir hacia dónde caminamos", explicó el concejal de Deportes.

Desde IU, José Manuel Alonso critica la "hipocresía" que rodea a este tema ya que "no se aborda en profundidad". A su juicio, "ahora se habla de prostitución porque afecta a las calles más céntricas de la ciudad, por lo que parece un problema más estético que otra cosa". Por ello, reclama una acción contra las mafias y las coacciones que reciben las mujeres y no responder "a golpe de ordenanza".

Una postura que Juan Martín, portavoz de CHA, apoya. "Cada vez que hay un problema en la vía pública sacamos una ordenanza que no sirve para nada", dice. Su discurso pivota en este tema sobre tres ejes: preocupación por la situación social de las mujeres, legalización del fenómeno a través de una normativa estatal y presencia policial para que los vecinos puedan disfrutar de sus calles.

En busca de resquicios legales

Mientras este aluvión de intenciones no resueltas circula por los pasillos de la mayoría de los ayuntamientos del país, el vicealcalde Gimeno apuesta por "buscar resquicios" para que tanto la Policía Nacional como la Local para que puedan erradicar los problemas que se generan en la vía pública.

Sin embargo, los agentes no lo tienen tan fácil. Sin una regulación específica sobre el tema, y ante una actividad que, hay que recordar, no es delictiva, se debe atender a diferentes textos legales en busca de los citados resquicios. Una de estas opciones es la que ofrece la Ley de Seguridad Ciudadana en su artículo 26i, que hace alusión a "alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos".

Por otro lado, si se atiende al Código Penal, el artículo 187 penaliza a "el que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz", y contempla penas de hasta cuatro años de prisión. En el mismo texto, en su artículo 188, se persigue al que "determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a ejercer la prostitución", con la misma pena de cuatro años.

Finalmente, todavía les resta un último clavo al que agarrarse que, amparado en el artículo 185 del Código Penal, persigue el exhibicionismo siempre que se dé ante menores o incapaces.

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