Como si fuera una partida de póquer y en un ambiente de profundo hermetismo, la segunda reunión de la comisión de investigación del Seminario se convirtió en una dura negociación política sobre quién debe comparecer para dar explicaciones sobre la tramitación del proyecto. El principal foco de conflicto fue si deberían acudir los alcaldes de Zaragoza, especialmente el socialista Juan Alberto Belloch. El PSOE trató durante todo el día de ayer de frenar esta posibilidad, aunque al final todo quedó abierto a la espera de lo que se decida en la comisión del 6 de febrero.

La jornada comenzó con tensión. En la junta de portavoces, se abordó el asunto de las comparecencias y la bronca se suscitó ante la pretensión del PP de que compareciera Belloch. Los populares no habían solicitado que acudiera el alcalde en su listado de peticiones (el plazo de presentación se cerró el jueves y solo reclamaron la presencia de los concejales de Urbanismo, Economía y Presidencia), circunstancia que impulsó a la presidenta popular, Luisa Fernanda Rudi, a exigir a su portavoz en el grupo, Dolores Serrat, que la reclamara.

La dirección del PP quería evitar la imagen de pacto encubierto con los socialistas, que tanto daño les hizo durante la etapa de gestión del ex portavoz popular Domingo Buesa. El argumento dado por el PP es que IU había solicitado la comparecencia del ex alcalde José Atarés, dado que bajo su mandato se rubricó el convenio con el Arzobispado que permitió la adquisición del edificio.

Aunque el PP no llegó a formalizar oficialmente la petición, el PSOE trató de impedirlo a toda costa. Pese a que los socialistas no han planteado la presencia de ningún alcalde, defendieron la tesis de IU de que la asistencia de Atarés estaba justificada porque el concejal de Urbanismo de la época, Rafael Gómez Pastrana, había fallecido. Según los socialistas, la petición del PP no perseguía buscar la verdad sino que era solo un intento de hacerle la foto al alcalde entrando en la comisión para sacar partido político.

La intención del PP de llevar a Belloch a la comisión estuvo vinculada directamente con otro de los focos de discusión: si en el acta de la primera sesión de la comisión del Seminario las peticiones de comparecencias quedaban abiertas durante todo el periodo de la investigación o se debían cerrar ya, tras la finalización del plazo de solicitudes el jueves.

Esto motivó un farragoso debate que se cerró con la conclusión de que se podrán seguir pidiendo comparecencias. Pero no se logró pactar mucho más. De momento, para el día 6 de febrero acudirán a la comisión la coordinadora de Economía y Hacienda y el de Urbanismo. Será entonces cuando se reabra el debate sobre si deben asistir los alcaldes a la comisión.

Pero en la sesión de ayer también causó cierto conflicto otro asunto: el periodo al que debía circunscribirse la investigación. Se acordó que abarcase tanto la fase de las obras, como la tramitación previa, que no se remonta solo al año de la firma del convenio (en 2002) como estaba previsto, sino a 1997.

Fue entonces cuando se aprobó el avance de la revisión del Plan General, donde ya estaba previsto el Seminario. Este detalle es de especial interés, ya que abre no solo la posibilidad de que algún grupo reclame que acuda Rudi, alcaldesa de la época, sino también el ex edil de IU Lalo Casanova, con quien el PP pactó el citado documento. Este aspecto causó malestar especialmente en el concejal de IU, José Manuel Alonso. Fuentes del PP indicaron que Rudi está dispuesta a comparecer.

Tras la reunión, los grupos pactaron un escueto comunicado en el que avisaron de que no se informará de la investigación hasta que concluya. Así confirmaron no solo que las posiciones todavía están muy alejadas y su escaso afán por dar una imagen de transparencia, sino que los partidos se siguen mirando de reojo para definir sus propias estrategias, que coinciden en disimular sus debilidades y evidenciar las del contrario. Al final, todos han tenido una vinculación directa o indirecta con el controvertido proyecto.