La huelga obliga a aplazar siete juicios de violencia de género

El primer lunes de huelga de los veinte funcionarios de los juzgados de violencia contra la mujer se saldó con siete juicios suspendidos y numerosas declaraciones aplazadas. Los servicios mínimos pactados se cumplieron con normalidad y se celebraron dos vistas porque eran causas con preso y se tramitaron todas las órdenes de protección y alejamiento que se solicitaron, así como las modificaciones de medidas que se pidieron. Los juicios suspendidos han quedado señalados para hoy, cuando también se actualizará todo el trabajo retrasado.

"Lo que no queremos es perjudicar a las víctimas. Ya es bastante penoso estar en su situación, para que se puedan ver afectadas por esto", explicó Ángela Domingo, miembro del comité de huelga, rodeada por varias decenas de funcionarios de otros juzgados, que apoyaron a sus compañeros en una concentración que hizo a las 12 en la plaza del Pilar.

Los veinte trabajadores de los dos juzgados de violencia contra la mujer de Zaragoza reivindican un complemento dada la especialización que requiere su trabajo y el esfuerzo que hacen durante la semana de guardia (no reconocida), en la que su jornada se puede prolongar hasta las 19.00 para que las víctimas se puedan llevar las órdenes de protección dictadas y las personas presas puedan quedar en libertad.

Este complemento, que oscila entre los 80 y los 140 euros, ya lo cobraban antes de que las competencias de Justicia fueran transferidas al Gobierno de Aragón el 1 de enero de 2008. Sin embargo, desde esa fecha la DGA lo eliminó y lo dejaron de percibir. La semana pasada, el Gobierno aragonés se lo volvió a ofrecer pero para cobrarlo solo desde el 1 de enero de 2009 y sin los atrasos de todo el año anterior, algo que los funcionarios no aceptan y que el presidente del comité de huelga, Luis Casero, considera una "provocación".

También cree que es una "burla" que el Gobierno de Aragón diga que se alcanzó un acuerdo con los trabajadores de la Administración de Justicia cuando se les otorgó 250 euros mensuales para todos y se firmó una "paz social", con el compromiso de volver a negociar en 2010. "Esa cantidad era la asimilación al resto de funcionarios de la comunidad autónoma y no tenía ninguna relación con los juzgados de violencia", recordó Casero.