El diputado de IU en las Cortes, Adolfo Barrena, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos aragoneses para que el viernes participen en el acto público convocado por la Plataforma Gran Scala, en coincidencia con el primer aniversario de la presentación del proyecto en la sede del Gobierno de Aragón.

La concentración se ha convocado, a las 19.30 horas en la plaza de España, para exigir al Ejecutivo que rompa el protocolo de colaboración firmado con los promotores del proyecto, International Leisure Development (ILD), y abandone su apuesta por el complejo de ocio y juego.

Barrena ha recordado el "festival" que hace un año "montó" el Gobierno de Aragón en la Sala de la Corona de su sede y que hoy se ha demostrado, ha dicho, que no era más que "charlatanería barata" de unos "profesionales" que fueron capaces de "embaucar" a un Gobierno "que no se merece esta tierra" y que ha comprometido "suelo y legislación a la carta" a unos "aventureros".

El diputado, por ello, ha emplazado al Ejecutivo a que sea "serio" y deje de aparecer como el garante de "los intereses especulativos de un grupo de charlatanes que han actuado sin rigor".

También ha pedido a los ayuntamientos implicados que "dejen de hacer de agentes de la propiedad inmobiliaria de este grupo de aventureros y empiecen a gestionar los intereses de sus ciudadanos".

IU, ha añadido, va a seguir trabajando para que "de una vez por todas" se dé "carpetazo" a un proyecto que "nunca" se debió de plantear, "y mucho menos en la sede del Gobierno de Aragón".

La Plataforma Stop Gran Scala manifiesta su rotundo rechazo a ese proyecto por "ser insostenible" y por "favorecer negocios privados de corte especulativo" con dinero público.

Además, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha registrado hoy una pregunta en el Parlamento Europeo relativa al proyecto Gran Scala con la que en concreto se demanda a la Comisión Europea información relativa a los resultados de la investigación sobre este proyecto.

Fuentes de IU recuerdan que aún no han recibido información sobre la investigación abierta por la Comisión Europea y que estaba previsto que concluyera en abril de 2008.

Por eso, Meyer pregunta a la Comisión si tiene la respuesta de las autoridades españolas y, en caso afirmativo, demanda los resultados de dicha investigación, al tiempo que se interesa por las conclusiones que ha extraído la CE de la información aportada por España y si ha comprobado si este proyecto cumple con la normativa comunitaria en materia medioambiental.