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Ángel Dolado: "La Ciudad de la Justicia debe ir a la Expo"

El magistrado expresa con rotundidad que, tanto en Aragón como en España, los jueces han decidido que ha llegado el momento de la Justicia y de los justiciables.

PREGUNTA.- ¿Realmente está a punto de colapsarse la jurisdicción civil en Zaragoza?

RESPUESTA.- Los datos son evidentes. En el último año hemos tenido un 43% de incremento. Pero lo más llamativo es que desde el 1 de septiembre hasta la fecha el incremento es del 68%. Con lo cual, el anuncio de colapso, entendiendo como tal que los tiempos de respuesta se van a ampliar notablemente, es real. Es decir, si los señalamientos estaban a dos o tres meses, se pueden ir a siete, diez o un año. Y eso no lo queremos porque, a nivel nacional, siempre hemos sido el buque insignia en los tiempos de respuesta y calidad.

P.- ¿Cómo de urgentes deben ser las medidas que se adopten?

R.- En los civiles, la propuesta inmediata es que los vocales del CGPJ propugnen la creación de al menos cinco juzgados en 2009. Los números darían para duplicar la planta, pero debemos ser realistas.

P.- Respecto al Juzgado de lo Mercantil, ¿hay previsiones?

R.- La última noticia de la Consejería de Justicia es que el segundo Mercantil funcione el 2 enero. Esta semana dijeron que están en condiciones de instalar los medios materiales, que es su parcela.

P.- ¿El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también está en condiciones de aportar su parte?

R.- Como todavía no ha respondido el Ministerio, no tenemos la espoleta de salida. Tenemos el compromiso de la Consejería. Es su apuesta y hay que reconocérselo.

P.- ¿En cuanto al Penal 9?

R.- No hay esa imperiosidad, pero la Consejería ha dicho que estará listo en el primer trimestre de 2009.

P.- La DGA ha elegido un mal año para asumir las competencias.

R.- Eso no es elegir, es cuando se ha producido. El 1 de enero no sabíamos que estábamos ante un mal año. Nadie hablaba de crisis, ni siquiera los economistas ni los periodistas.

P.- ¿El resultado hubiera sido el mismo si Aragón todavía dependiera del Ministerio de Justicia?

R.- Si se refiere a las reivindicaciones, habrían sido exactamente las mismas. En este momento, los jueces de Zaragoza y del resto de España hemos entendido que es el momento de la Justicia y de los justiciables.

P.- Nunca hasta hoy la judicatura había estado tan guerrera, incluso amenaza con una huelga en febrero. ¿Qué ha cambiado para que ahora tengan esta actitud?

R.- Lo que ha cambiado es que, a nivel nacional, ha existido desde el Gobierno de la nación una serie de injerencias en el CGPJ que han repercutido en un expediente disciplinario aún no resuelto, en el que, sin prejuzgarlo, lo que es evidente es que hay insuficiencia de medios y hay que pedir su mejora.

P.- Los secretarios llevan su lucha particular, cuyo detonante fue el caso Mariluz, que ha revelado la obsoleta manera de trabajar, ¿apoyan sus reivindicaciones?

R.- Los secretarios manifiestan que ciertas consecuencias están íntimamente relacionadas con la inexistencia de medios informáticos y registros y, por tanto, vamos de la mano en la reivindicaciones de medios materiales y personales.

P.- ¿Y las de otro tipo?

R.- No. Cada uno defiende su profesionalidad. Actualmente los secretarios tienen amenazado el principio básico de su profesión, que es la fe pública. Todo apunta a que puede verse mermada o eliminada si se acomete la reforma anunciada por Decreto Ley, que hará innecesaria su presencia en las salas de vistas y en otro tipo de actuaciones donde se exigía y aún se exige su presencia personal.

P.- ¿En qué consiste?

R.- La modificación hay que entenderla de dos maneras. En primer lugar, tenemos medios de grabación, por lo tanto, qué pinta el secretario, si tenemos al gran hermano, que es la fe pública informática del siglo XXI. Por lo tanto, empleemos su tiempo en funciones más importantes, como la dirección y el impulso procesal en fase de juicio y la ejecución. Lo que hay que diferenciar es el grado de responsabilidad de secretarios y de jueces. Y no que siempre estemos al amparo de la supervisión de estos últimos, porque entonces la responsabilidad parece que es solo de un profesional: el juez.

P.- ¿El caso Mariluz ha abierto una brecha?

R.- Periodísticamente hablando, hay que referirnos al caso Santiago del Valle. Porque si revisamos hemeroteca, nunca la víctima ha dado nombre a la noticia. Y esto creo que es relevante, porque las formas también importan en periodismo. Dicho esto, no cabe duda de que en ese caso hay abiertos dos expedientes: al juez y al secretario. Y el punto de inflexión lo marca las injerencias del ministro y la vicepresidenta (del Ejecutivo) en el trabajo de inspección del CGPJ. Esa es la gota que ha movido todo.

P.- Es curioso que ministro y vicepresidenta procedan de la carrera judicial.

R.- Pero eso no puede tener absolutamente nada que ver. El que sean jueces o fiscales, al contrario, debería beneficiar a lo que es la finalidad última, que es dar un mejor servicio al demandante de administración de Justicia. Eso nunca puede ser un problema, siempre y cuando se sea objetivo en los diagnósticos de los problemas y haya voluntad política para resolverlos.

P.- Una de sus prioridades es implantar registro de civiles.

R.- El de rebeldes y penados ya lo tenemos y falta el de civiles, para evitar que distintos juzgados tengan que hacer las mismas gestiones para averiguar si una persona está en rebeldía. Y deberíamos impulsar un registro de órdenes de protección y alejamiento y mejorar el Servicio de Actos de Comunicación y Ejecución, donde aún se reparte el correo como en el siglo XIX. Tendríamos que tener la posibilidad de poder conocer a través de nuestros registros cómo están los procedimientos. Porque lo que no puede haber es una desconfianza absoluta en jueces, secretarios y funcionarios. Nosotros no vamos a violar la protección de datos. Lo que no pueden es actuar en prevención de un mal uso, porque eso no puede ser.

P.- ¿Es esa desconfianza la que está bloqueando estos registros?

R.- En aquello que da rendimiento económico para el erario público estas trabas no existen.

P.- ¿Se va a poner en marcha el registro de pederastas?

R.- La experiencia piloto está en Murcia. Cuando se implantó se anunció a bombo y platillo, pero no ha trascendido que a los 15 días, los jueces de instrucción y penal de Murcia, que encabezan la huelga del 18 de febrero, dijeron que ese sistema no funciona.

P.- ¿Qué le parece la nueva propuesta de llevar 35 juzgados a la Expo?

R.- Nosotros queremos que la solución sea integral, por el bien de lo que se denomina calidad en la gestión de las nuevas oficinas judiciales. Con un diseño fragmentado de los juzgados no vamos a conseguir dicha calidad. Por tanto, apuesto por una Ciudad de la Justicia completa y añado, a nivel personal, que teniendo como modelo la Ciudad de la Justicia de Valencia, ese nuevo edificio debería integrar también las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial. Y estamos a tiempo, porque todavía no hemos gastado nada.

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