El juicio contra la ex alcaldesa de Trasmoz, celebrado ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, ha quedado visto para sentencia. La acusación particular rebajó la petición de pena para María del Mar Salvador Miranda a tres años de cárcel por malversación de caudales, un año por estafa y seis meses de inhabilitación por desobediencia -"lo mínimo legalmente previsto"-, además de la devolución de los 122.270 euros que reclama en concepto de facturas impagadas. La defensa solicitó la libre absolución al considerar la acusación "completamente carente de base", mientras que la fiscal volvió a estimar que lo juzgado no constituye un asunto penal.

Salvador está encausada por el presunto impago entre 2000 y 2001 de varias facturas a dos empresas, Aragonesa de Aguas y Vertidos y Aragonesa de Alcantarillados, cuando ocupaba el cargo de alcaldesa de Trasmoz. Las obras recibieron supuestamente subvenciones de la DPZ y consistían en tareas de canalización en la localidad trasmocera. Los denunciantes aseguran que el impago propició el embargo de sus viviendas e incluso de sus nóminas.

Esta vez, la acusada sí se personó en el juicio, al contrario de lo sucedido en al menos dos ocasiones con anterioridad. Su incomparecencia provocó que la Audiencia Provincial ordenara el pasado 16 de mayo la detención e ingreso en prisión de María del Mar Salvador, que posteriormente fue puesta en libertad provisional.

Defensa y acusación esgrimieron nuevas pruebas documentales. La parte demandante, representada por Javier Notivoli, presentó certificaciones de facturas de Aragonesa de Alcantarillados, el requerimiento de pago de la CAI, una carta de la secretaria del Ayuntamiento en la que se anunciaba la retribución para cuando se recibieran las subvenciones y el certificado de una asociación comarcal en la que supuestamente se confirmaba que el Ayuntamiento había recibido las mencionadas subvenciones. Por su parte, la defensa, representada por Francisco Vidal en el caso de María del Mar Salvador y por José Antonio Correas por parte del Ayuntamiento, como responsable civil subsidiario, aportó unas fotografías en las que, según alegaron, se observa que las obras encargadas a las dos empresas estaban inacabadas.

En su informe final, la parte demandante rechazó que la causa constituyera un "capricho" ni "acusar por acusar". "La ex alcaldesa asumió el pago a dos empresas, lo que les ha costado la ruina, sabiendo que no iba a poder pagar. Se abusó de su buena fe, se les estafó", argumentó Notivoli.

Mientras, la defensa de María del Mar Salvador remarcó que los trabajos encargados se encontraban "mal ejecutados", consideró "completamente carente de base" la acusación e instó a la parte contraria a "demostrar" el "perjuicio patrimonial" causado a los demandantes, cuya "mala situación económica es anterior", según explicó Francisco Vidal.