El fiscal mantuvo ayer la petición de un total de 45 años de cárcel para los presuntos dirigentes de los GRAPO Juan García, Carmen Cayetano y María Aránzazu Díaz, detenidos el 9 de junio de 2006 en Reus (Tarragona), tras lo que la Guardia Civil dio por "prácticamente descabezada" la banda. Juan García está procesado, además, por el asesinato de la empresaria zaragozana Ana Isabel Herrero Izquierdo, perpetrado en febrero de 2006 en un garaje de la calle de Cervantes.

Los tres acusados, que fueron detenidos en Reus (Tarragona) el 9 de junio de 2006, desafiaron ayer al tribunal con un desplante, gritos y risas. El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ordenó que se les desalojase de la sala en la que se les juzgaba por pertenencia a la banda terrorista.

Nada más ser introducidos en la celda blindada de la Audiencia Nacional, los tres presuntos grapos se dieron la vuelta dando la espalda al tribunal. Rápidamente el juez instó a la Policía a que les hiciesen callar y les colocasen correctamente. Hasta cinco agentes fueron necesarios para sentar a los tres acusados, quienes, tras un breve forcejeo, terminaron situándose de cara a los magistrados. No obstante, fue entonces cuando comenzaron con los gritos. "Así es la Justicia en este país", dijo Aránzazu Díaz.

Minutos después, y dado que las faltas de respeto e interrupciones no cesaban, el juez Guevara ordenó que fuesen devueltos a los calabozos para que no entorpeciesen el desarrollo del juicio, que continuó sin su presencia. Pero antes, el magistrado, que habitualmente no es partidario de que los acusados abandonen la sala a pesar de su comportamiento, decidió que el fiscal Vicente González Mota formulase sus preguntas a los acusados.

Ni García, ni Díaz, ni Cayetano contestaron a ninguna ellas. En cambio, se limitaron a denunciar las supuestas torturas sufridas por parte de la Guardia Civil. Ya insonorizados para no molestar, los procesados comenzaron a hablar entre ellos y a comentar entre risas. "Nos han desenchufado", bromeaban.

A los acusados les puso especialmente nerviosos que el fiscal no supiese el nombre del partido al que pertenecen y al que calificó en varias ocasiones como "Partido Revolucionario". "Partido Comunista de España (reconstituido), apréndetelo que son muchos años ya!", le espetó Díaz.

El fiscal elevó a definitiva su petición de 16 años y 6 meses de prisión para García Martín, y Cayetano Navarro, por un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes y falsificación continuada de documentos oficiales; y 12 años y tres meses para Aránzazu Díaz.

Tal y como explicaron los guardias civiles en el juicio, entre el material localizado en el piso en el que vivían los tres supuestos grapos se encontraron ocho DNI con las fotografías de los tres procesados y distintas identidades, así como documentación con diversos objetivo.

Por su parte, el abogado de la defensa, Juan Manuel Olarrieta, solicitó la absolución de sus tres clientes. Este letrado fue detenido en la última operación de la Guardia Civil contra los GRAPO desarrollada en enero en el País Vasco, Galicia y Madrid. Ahora, está en libertad con fianza de 12.000 euros.