El caso Mari Luz ha destapado algunas de las miserias del sistema judicial español y ha puesto de manifiesto el importante retraso que acumulan las ejecuciones de algunas sentencias. Los juzgados de lo Penal de Zaragoza no son una excepción, ya que según ha podido saber este periódico tienen pendientes de resolver más de 4.000 fallos. Se trata de sentencias firmes, que no se han podido hacer cumplir porque se han enquistado en un sinfín de trámites burocráticos.

Las perspectivas tampoco son buenas, puesto que se observa una tendencia al alza. De hecho, durante los últimos cinco años, el volumen de trabajo no solo no se absorbe sino que se incrementa. El ejercicio 2006 se cerró con 3.653 sentencias pendientes de ejecutar, y el 2007 lo hizo con 3.978. Lo que significa que en un año los "deberes" han aumentado casi un 9%. "La situación se repite desde hace tres o cuatro años. Hay más población, aumentan los juzgados de instrucción, pero seguimos con los mismos juzgados de lo Penal, que son los que tienen que hacer cumplir los fallos", explicaba ayer el juez decano de Zaragoza, Mauricio Murillo.

Esta "sangrante" realidad se ejemplifica con un solo dato. El Ministerio de Justicia ha tardado más de una década en crear el octavo juzgado de lo Penal en Zaragoza (se pondrá en marcha este mismo mes). Sin embargo, durante este mismo periodo, la población de la capital aragonesa se ha incrementado en alrededor de 64.000 habitantes. Por lo tanto, aunque ha aumentado el censo y la litigiosidad, los medios para sacar adelante el trabajo han sido los mismos.

Según fuentes judiciales, el juzgado zaragozano que terminó 2007 con más tarea pendiente fue el número 7 de lo Penal, al que le quedaron por hacer cumplir 688 sentencias. En el lado opuesto se hallaba el número 2, que tenía 427 fallos por ejecutar. "Cada año se reparten entre 2.500 y 3.000 asuntos entre los siete juzgados de lo Penal de Zaragoza, a los que hay que sumar los expedientes en ejecución", explica el juez decano. "Estas cifras permiten hacerse una idea del desmesurado volumen de trabajo que corresponde a cada uno de estos órganos", apostilla.

Pese a todo, Mauricio Murillo reconoce que la situación de Zaragoza "no es mucho peor" que la de otras grandes capitales. "De hecho -indica-, en cierta manera estamos pagando nuestra eficacia". La explicación es sencilla, ya que a la hora de crear nuevos órganos o reforzar los existentes no se tienen en cuenta las sentencias pendientes de ejecución, sino las dictadas por los juzgados de instrucción.

El juez decano de Zaragoza considera que la puesta en marcha de los llamados "juicios rápidos" ha influido de forma considerable en la ralentización de las ejecuciones. "El ciudadano conoce antes la sentencia, pero hacerla cumplir puede llevar hasta más de un año. En dos horas, difícilmente se puede resolver la instrucción de un asunto. Y por lo tanto, ese es un trabajo que se traslada por inercia a los juzgados de lo Penal", detalla.

En cuanto a la naturaleza de los asuntos, Murillo explica que no hay delitos que se demoren más que otros. "Las causas con privación de libertad o en las que hay reincidencia tienen prioridad", comenta. En cualquier caso, decanato, jueces y funcionarios demandan soluciones urgentes para desbloquear el problema.