El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza acaba de anular el decreto de Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) por el que se adjudicó de forma directa y sin procedimiento público la plaza de subdirector de la banda de música de la institución. El nombramiento se produjo el 11 de abril de 2017, coincidiendo con las vacaciones y la jubilación del hasta entonces titular de la plaza. Y como la DPZ decidió cubrir la vacante temporal sin seguir el procedimiento estipulado, cuatro integrantes de la formación musical que entendían que tenían derecho a aspirar al puesto impugnaron la resolución. El juez Javier Albar ha dado por buenos sus argumentos y les ha dado la razón, lo que obligará ahora a la institución a sacar a concurso la plaza.

La banda provincial de música, como oficialmente se le denomina, cuenta con más de un siglo de historia y tiene carácter profesional. Por ello, desde 1968, para ingresar en la misma es necesario superar una oposición. El músico que ejerció hasta el 17 de mayo de 2017 de subdirector ganó la plaza en 1993, en un procedimiento público en el que Alfredo C. A., el elegido ahora para sustituirle, quedó segundo. De hecho, la DPZ alegó precisamente esta circunstancia para justificar su designación directa a la hora de concederle una comisión de servicios por seis meses, prorrogables por otros seis.

Pero lo cierto el que el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 considera que, como se hizo entonces, la institución provincial debería haber hecho una convocatoria abierta para cubrir esta vacante en la banda de música. "En lugar de ello –dice en su sentencia el juez Albar–, se nombró directamente a quien 24 años antes se había presentando a la plaza, lo cual, de paso, eliminó la posibilidad de ser considerados para el puesto a todos los que hubiesen podido entrar después".

No había ninguna urgencia

Para el magistrado, el nombramiento directo del actual subdirector de la formación musical hizo que se conculcara el principio de igualdad. Porque, aunque la normativa contempla excepciones por razones de urgencia, Albar entiende que en el caso enjuiciado no las había. "Menos cuando la necesidad –de tener que cubrir la vacante– era previsible, al estar ante una jubilación con fecha cierta".

Cuando impugnaron el nombramiento directo por parte de la DPZ, quienes presentaron el recurso contencioso administrativo alegaron ante el juez dos cosas: por un lado, que la comisión de servicios debería haberse ofrecido públicamente; por otro, que la persona designada carecía de la titulación requerida de profesor superior de música. Y si bien el magistrado coincide en que procede anular la resolución y convocar el procedimiento correspondiente, este no entra en la cuestión de la titulación. "La cual deberá ser resuelta atendiendo a las evoluciones en las titulaciones, cambios normativos y equivalencias", dice.

El fallo no es firme y los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Zaragoza están a tiempo de impugnarlo. De hecho, consultada sobre este extremo por HERALDO, la institución provincial ha anunciado su intención de recurrir la sentencia.