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DPZ

Todos los grupos, salvo PSOE y CHA, piden revisar el examen a bombero de la DPZ

Un informe jurídico de la institución concluye que no procede ‘inspeccionar’ el procedimiento.

 

S. Campo Actualizada 15/02/2018 a las 22:15
Juan Antonio Sánchez Quero conversa antes del pleno con Bizén FusterJosé Miguel Marco.

La revisión de oficio del procedimiento del polémico primer examen para bombero de la DPZ, que solo aprobaron 20 de los 457 candidatos y que está judicializado después de que 28 de ellos presentaran una querella, sigue en el aire e inmersa en diferentes lecturas jurídicas por parte de los grupos políticos.

PP, C’s y el grupo En Común han insistido este jueves durante el pleno extraordinario en la necesidad de revisar este acto administrativo (no el contenido de la prueba) y, si procede, que se anule. Por ello han votado en contra de la decisión de inadmitir las solicitudes presentadas en este sentido por los aspirantes. Mientras, el presidente de la institución, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero (el PSOE fue el único grupo que se pronunció a favor)  ha advertido de que el informe jurídico del jefe del servicio de Personal de la Diputación concluye que no hay fundamentos para dar este paso y que pronunciarse en contra de este dictamen raya "la prevaricación". CHA (el PAR no estaba presente cuando se trató este punto) se ha abstenido.

"Estamos poniendo en duda a los servicios técnicos de la casa", ha asegurado Sánchez Quero, quien ha recalcado que este rechazo "no es un capricho del presidente o del equipo de gobierno". Antes de celebrarse la sesión, en declaraciones a los medios, el dirigente socialista ya adelantó que si la oposición tumbaba esta decisión, como así ocurrió al final, sería necesario volver a llevar el tema a pleno, avalado con un nuevo estudio jurídico, y que en caso de volver a obviarse, sí se incurriría en una prevaricación.

El portavoz del PP, Francisco Artajona, ha defendido que la postura de esta formación no supone "ninguna ilegalidad o irregularidad", sino que se trata de una "interpretación diferente". Además, ha abogado por dejar este asunto "en manos" del Consejo Consultivo de Aragón, que es el que en última instancia resolvería si es pertinente o no la revisión.

Desde En Común, José Ángel Miramón, ha justificado su rechazo a la propuesta "en coherencia" con lo defendido en el pleno del pasado octubre. Por su parte, Elena Martínez, de Ciudadanos, ha opinado que hay "un conflicto" entre el terreno jurídico y el político, aunque ha añadido que es evidente que "algo se ha hecho mal" y tiene que prevalecer "la transparencia" y la "autocrítica".

El diputado de CHA, Bizén Fuster, que se ha abstenido, ha reconocido que en estos momentos "no se dan las circunstancias" para que prospere la revisión de oficio, aunque también ha mostrado su deseo de que los opositores a bomberos críticos con el examen piensen que "políticamente se les cierra una vía".

Esperando a "lo que diga el juez"

El presidente de la DPZ también ha aludido, tanto en la sesión como en las declaraciones previas, al proceso judicial en marcha tras la querella presentada por 28 opositores. El próximo 8 de marzo tiene que acudir a declarar como investigado por el presunto delito de tráfico de influencias y revelación de secretos ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza que lleva el caso.

"Esperaremos a lo que diga su señoría", ha afirmado. Asimismo ha aclarado que el juez no ha suspendido el procedimiento y por eso la Diputación ya ha anunciado la segunda prueba de la oposición para el próximo 26 de febrero.

Apenas una decena de opositores han acudido este jueves a mostrar su malestar. Una presencia muy inferior a la del pasado pleno de octubre, cuando casi un centenar protagonizaron una protesta en la que hubo camisetas reivindicativas, carteles y pitada.

Los bomberos volvieron a ser protagonistas de la sesión cuando el PP preguntó por la propuesta del equipo de gobierno para modificar las normas de funcionamiento del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y abrir dos nuevos parques con los actuales efectivos, un plan que los sindicatos rechazan. Sánchez Quero ha insistido en que se trata de una "redistribución" de estos profesionales para "acercarlos" al territorio.





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