La izquierda aprueba los impuestos y tasas de 2018 entre críticas de PP y C's

La comisión de Economía ha dado este martes su visto bueno, con los votos de ZEC, PSOE y CHA, a la aprobación definitiva de los cambios en las ordenanzas fiscales de Zaragoza, que entrarán en vigor en 2018. Y lo ha hecho con críticas de PP y Ciudadanos, especialmente por los efectos que tendrá la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las grandes empresas. La práctica totalidad de las alegaciones presentadas por ciudadanos y entidades profesionales y empresariales han sido desestimadas. La decisión debe ser ratificada por el pleno que se celebrará este viernes.

El debate se ha centrado en los tres cambios más destacados que habrá en materia fiscal en 2018. El más importante es el que afecta al IBI. Por un lado, se aplica una bajada del tipo impositivo que impedirá que suba el tributo por el efecto del aumento anual que se produce en los valores catastrales desde que en 2013 se hiciera una revisión general. En algunas circunstancias, bajará el recibo.

Para compensar la merma recaudatoria, de unos 2,5 millones, habrá incrementos superiores entre un 4% y un 7% a 1.111 inmuebles de uso comercial e industrial que pagan un tipo diferenciado por tener un valor catastral superior al millón de euros. Esto supondrá 5,9 millones de euros más.

Por otro lado está la plusvalía. En las transmisiones ‘mortis causa’, se amplía la bonificación del 95% a los inmuebles con un valor catastral de hasta 150.000 euros. También se sube la tarifa del tratamiento de residuos a los municipios del entorno de Zaragoza (pasa de 17 euros por tonelada a 24 en 2018 y a 31 en 2019).

1.111 inmuebles afectados

El concejal de Economía, Fernando Rivarés, ha defendido lan desestimación de las alegaciones presentadas. Ha insistido que de los 505.775 inmuebles de Zaragoza, solo 1.111 de uso industrial y comercial sufrirán un incremento del IBI. “El resto, va a pagar menos en todo. Estamos beneficiando a los que de verdad crean empleo, a las pequeñas y medianas empresas. Este país no lo sostienen las grandes corporaciones”, ha dicho.

También ha subrayado que las bonificaciones a la plusvalía suponen una merma recaudatoria de 30 millones. Y ha defendido el incremento de la tasa del tratamiento de residuos a los municipios que utilizan el vertedero de la capital aragonesa (la medida ha suscitado alegaciones de los ayuntamientos del entorno). “El Ayuntamiento de Zaragoza no puede perder miles de euros subvencionando la basura de otros municipios. Que les ayude la Diputación Provincial”, ha dicho.

El "rodillo" de la izquierda

Rivarés ha recibido las principales críticas del PP. La concejal popular María Navarro ha cargado contra los grupos de izquierda por desestimar la práctica totalidad de las alegaciones (solo se ha aceptado una de la Escuela de Waterpolo sobre la tarifa de la piscina del Cuerpo de Bomberos). Además de criticar “el rodillo” y “la poca sensibilidad” de los grupos de izquierda, la edil ha atacado especialmente la subida del IBI a las empresas o el incremento que se aplicará al uso almacén si el valor catastral es de más de un millón de euros (esto afecta sobre todo a los aparcamientos de inmuebles que no tienen segregada la propiedad de cada plaza).

“Usted no hace nada por los vecinos, salvo subir los impuestos”, ha dicho Navarro. Respecto al vertedero, ha defendido que la tarifa no suba este año, “porque hasta que no esté suscrito el convenio con la DPZ no hay datos suficientes para poner un precio por tonelada”.

Sara Fernández, de Ciudadanos, ha centrado sus críticas en el IBI, dado que las empresas afectadas por la subida han sufrido varios incrementos en la presión fiscal en los últimos años. “Pero para el tripartito nunca es suficiente. Estas mismas empresas ya tuvieron una subida del 15% en el IBI en 2017 y además se incrementó el IAE. El Ayuntamiento no está por la creación de empleo”, ha lamentado.

Apoyo de PSOE y CHA

Javier Trívez, del PSOE, ha afirmado que "se ha cumplido el doble objetivo de dotar a la ciudad de ingresos y que estos se recauden de la forma más progresiva posible”. También ha recordado que la mayoría de las empresas va a pagar un IBI menor, ha subrayado las bonificaciones a la plusvalía y ha abogado por un convenio con la DPZ para resolver la polémica de la tasa del vertedero.

Por su parte, Carmelo Asensio, de CHA, ha incidido en que la propuesta fiscal de 2018 ahonda en la progresividad fiscal, evita que se dé “un trato preferencial a las trasmisiones de grandes inmuebles” y posibilita que “el 98% de las herencias paguen muy poco por las herencias”. “No es cierto que se vaya a incrementar la presión fiscal brutalmente a las empresas y los ciudadanos”, ha asegurado.