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Tranvía de Zaragoza

El Ayuntamiento ha pagado 616.000 € de más a Los Tranvías, según el Tribunal de Cuentas

El órgano fiscalizador censura el abono de una revisión de precios y un extra por pronta ejecución. Refleja que no hubo sobrecostes, pero tampoco control municipal de las modificaciones de obra.

Javier L. Velasco. Zaragoza Actualizada 10/11/2016 a las 23:25
El tranvía, visto a través de una escultura de la plaza de España.Guillermo Mestre

El Ayuntamiento ha pagado a Los Tranvías de Zaragoza 616.000 euros de más por la ejecución de la línea 1 que une Valdespartera y Parque Goya. Así al menos lo considera el Tribunal de Cuentas, que ha enviado al Consistorio su anteproyecto de informe de fiscalización de la obra tranviaria. En este documento, el órgano fiscalizador refleja que no se produjeron sobrecostes, pero critica el mecanismo de contratación empleado por no ajustarse a la ley, así como el control municipal que hubo sobre el proyecto.

El informe considera que la sociedad de economía mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza tuvo dos cobros indebidos. El más cuantioso corresponde a la bonificación que recibía en las certificaciones por pronta ejecución de la obra. Es decir, un extra que percibía por terminar los trabajos antes de lo previsto. A juicio del Tribunal de Contratos, en una ocasión (concretamente el hito 6) no se debió abonar ese plus, que ayer el Ayuntamiento cifraba en 416.000 euros. "La bonificación no debió percibirse", dicen las conclusiones del informe.

Además, el órgano fiscalizador considera que la revisión de precios se hizo con una fórmula que no se ajusta a la Ley de Contratos del Sector Público. Como consecuencia, 200.000 de los 1.223.557 euros que se abonaron a Los Tranvías por este concepto no se debían haber pagado. En total, son al menos 616.000 euros que el Ayuntamiento va a estudiar la posibilidad de reclamar a la SEM, según afirmó ayer el concejal de Economía, Fernando Rivarés.

Las supuestas irregularidades, no obstante, van más allá y afectan a casi todo el proceso de contratación de la obra. Comienzan en 2004 y 2005, cuando el Gobierno de Aragón comienza a contratar las primeras asistencias técnicas del proyecto. Tanto los contratos para la redacción del Plan Intermodal de Transporte como del anteproyecto del tranvía incurren en "incidencias e irregularidades", como "la insuficiente justificación de la necesidad de la contratación, la falta de control de legalidad de algunos contenidos del pliego de condiciones o el indebido desglose en el informe de valoración de las ofertas de los criterios de adjudicación". "Constituyen incumplimientos de la normativa de contratos y no resultan conformes con los principios de publicidad, transparencia y objetividad que han de regir la contratación pública", añade el informe.

Este también critica el proceso de selección de un socio privado para conformar, junto con el Ayuntamiento, la sociedad de economía mixta que construyera, explotara y mantuviera la línea tranviaria. A juicio del Tribunal de Cuentas, el pliego del contrato tenía "carencias e indefiniciones en determinados aspectos", ya que "no se había definido con carácter previo a la licitación el presupuesto del contrato".

Además, critica la regulación de la subcontratación que puede hacer la SEM, es decir, las obras que puede subcontratar a otras empresas. A juicio del órgano fiscalizador, esta subcontratación "no se ajustó a la Ley de Contratos del Sector Público", al disponer que podría subcontratar "sin límite alguno con terceros". Entre otras cosas, se le permitía encargar a otra empresa "la inspección del servicio", una función que según el Tribunal "corresponde a la Administración".

También censura la falta de control por parte del Ayuntamiento en algunos aspectos de la obra. Refleja que las variaciones de importes de la obra –aumentos o disminuciones de costes– no se reflejaron adecuadamente. "Ni los informes del director de obra y la comisión técnica ni el acuerdo de aprobación municipal aludieron a las modificaciones realizadas, su alcance, ni a qué se debían ni se ofreció explicación alguna de las mismas", dice el informe.

El documento no aborda las cuatro obras no ejecutadas pero sí certificadas que están bajo investigación judicial, y solo dice que "no se ha acreditado que los ajustes no se debieron a modificaciones de proyecto, lo que hubiera requerido previa aprobación municipal".




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