El Ayuntamiento paraliza la resolución de las reclamaciones sobre el impuesto de plusvalía

Toma la medida tras la sentencia del Constitucional que anula el tributo si hay pérdidas, pero de momento seguirá cobrándolo. Los consumidores piden suspender la recaudación, animan a recurrir "cuanto antes" y cifran el impacto en 300 millones.

El Ayuntamiento de Zaragoza decidió ayer suspender la resolución de las reclamaciones por plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el pago de este tributo si se produce una pérdida económica en la transmisión del inmueble. Fuentes de ZEC indicaron que la medida se ha adoptado por "cautela" y de forma temporal, a la espera de que el Gobierno central reforme la Ley de Haciendas Locales y determine cómo deben recaudar este impuesto los municipios. Añadieron que la sentencia se va a cumplir, pero que a la espera de la regulación estatal su obligación es seguir cobrando el impuesto.

La decisión de no resolver las reclamaciones es semejante a la que adoptaron los tribunales en marzo, cuando decidieron postergar los procesos judiciales relativos a la plusvalía a la espera de que se despejase el panorama después de una sentencia del Constitucional que afectaba a Guipúzcoa, similar a la que acaba de dictar para toda España.

"Todos los que reclamen tienen que acreditar la minusvalía. Las dudas surgen en los criterios para acreditarla. Por eso se suspende la resolución de las reclamaciones", indicaron. La previsión del Ayuntamiento es que la modificación de la ley de Haciendas Locales se produzca en dos meses. "Se va a esperar a que el gobierno resuelva", insistieron.

Las citadas fuentes negaron que se pueda cuantificar el número de zaragozanos que podrán reclamar ni el impacto para el erario, aunque Tinsa señaló que podría haber 10.600 ventas de inmuebles con pérdidas (en Aragón se estiman 14.500). Recordaron además que el tributo se sigue cobrando en los casos en que hay un aumento el valor.

Informaron de que hasta ahora el Ayuntamiento ha recibido 21 sentencias firmes desfavorables, que han supuesto que el Consistorio haya devuelto o vaya a tener que devolver 156.696 euros a los contribuyentes que reclamaban que no tenían que pagar el recibo por haberse devaluado el bien. Algunos juzgados están aceptando las escrituras para acreditar la pérdida de valor, aunque otros exigen una tasación.

La UCA recomienda reclamar

Pero la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) recomendó no esperar. Instó a los contribuyentes que hayan abonado la plusvalía en los últimos años a acudir "cuanto antes" a los ayuntamientos para reclamar su devolución. Consideró que en la mayoría de los casos esta reclamación "es viable" y que si los municipios no aceptan la petición, hay que dirigirse a los tribunales.

El presidente la UCA, José Ángel Oliván, aconsejó reclamar ya para evitar que cualquier cambio normativo por parte del Gobierno limite las opciones para solicitar la devolución, como ha ocurrido en Guipúzcoa. Exigió a los ayuntamientos que admitan las "liquidaciones a cero" y no se cobre el impuesto. "Los ayuntamientos deben ponerse del lado de los ciudadanos", dijo.

Según el asesor jurídico de la UCA, el abogado Santiago Palazón, de los 75,8 millones de euros que recaudó el Ayuntamiento de Zaragoza en 2016 por plusvalía, "habría que devolver 75". "Serían 250 o 300 millones en los últimos años", dijo. Por eso, exigió que se suspenda la recaudación "por prudencia". La entidad recordó que el desplome de los precios de la vivienda por la crisis ha coincidido con un incremento muy acusado de los valores catastrales, con los que se calcula la cuota de este impuesto.

Palazón recomendó a los contribuyentes plantear una liquidación "a cero" al Ayuntamiento en las transmisiones que se hagan a partir de ahora y en las que se pueda probar que no ha habido revalorización. En cualquier caso, defendió que se pida el fraccionamiento de pago "hasta que se clarifique la situación".

Para aquellos que hayan pagado ya, Palazón consideró que la mejor solución es iniciar ante el Ayuntamiento un proceso de devolución por ingresos indebidos (el plazo de prescripción es de cuatro años). Para los contribuyentes que hayan recibido una sentencia contraria a la devolución, sugirió que se recurra a la vía de un expediente de responsabilidad patrimonial.

C’s pide medios

Ciudadanos (C’s) pidió al gobierno que ponga los medios para atender a los afectados y que se implanten mecanismos para la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Reclamó una campaña informativa para los ciudadanos. C’s exigió conocer el impacto económico que puede tener en las arcas municipales la devolución de las plusvalías y el número de contribuyentes que se verán afectados.

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