El próximo 14 de mayo se cumplirán cuatro años de la Operación Diluvio, en la que el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvo a 18 personas por su presunta participación en una trama delictiva que supuestamente falseó decenas de siniestros y logró estafar al menos 1,8 millones a cinco compañías aseguradoras. La elevada suma de dinero defraudado, la gran cantidad de personas involucradas –actualmente son 74– y el hecho de que entre ellas figuraran rostros conocidos como el del exjugador del Real Zaragoza Jesús Seba –que estuvo dos semanas en prisión provisional– dieron una enorme repercusión mediática al caso. Sin embargo, la causa se atascó después en el juzgado y, tras meses de inactividad por todas las partes personadas, ahora la Fiscalía la ha resucitado.

El Ministerio Público, en un escrito presentado el pasado 17 de febrero, solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 10, María José Bello, que practique una serie de diligencias, como el interrogatorio de Isidro C. M., una persona que declaró en 2013 ante la Policía pero que cuando fue citado para que lo hiciera en el juzgado no se presentó. También pide que pregunte a las compañías denunciantes –Axa, Plus Ultra, Reale Seguros, CAI Seguros y Catalana Occidente– si alguno de los denunciados ha devuelto alguna de las cantidades defraudadas.

No obstante, lo más relevante de su escrito es su solicitud de que continúe el procedimiento contra 63 de los 74 imputados por un delito continuado de falsedad, otro de estafa en cuantía de gran importancia y otro de agrupación para delinquir o pertenencia grupo criminal. La fiscal plantea a la juez que archive provisionalmente el asunto contra once personas, la mayoría de avanzada edad –madres, tías, suegros...– y esposas de los principales investigados, pues tiene el convencimiento de que por circunstancias de su edad o parentesco fueron utilizadas sin su consentimiento.

Respecto a los otros 63 investigados, la acusación pública mantiene sin fisuras que los presuntos ideólogos de esta trama criminal son Eduardo Pérez Caro y Antonio Bernal Royo, que fueron enviados a prisión provisional por estos hechos. Los dos se dedicaban a hacer tasaciones periciales externas para distintas compañías de seguros y, según la fiscal, con "evidente ánimo de enriquecerse mediante engaños" se pusieron de acuerdo para contratar cada uno de ellos varias pólizas de seguros de hogar, incluso en domicilios que no eran de su propiedad o que simplemente no existían.

Siniestros simulados

De esta forma, entre 2006 y 2010 dieron parte de uno o varios siniestros simulados en cada uno de esos domicilios, la mayoría de Zaragoza pero también de Teruel. Ellos mismos, como peritos, avalaban el siniestro y daban cobertura a la simulación con los informes correspondientes. Con el tiempo y tras cometer distintos errores, se descubrió que los partes eran falsos y que no se habían producido los accidentes que tenían que cubrir luego las compañías de seguros. En muchas ocasiones los vecinos supuestamente perjudicados no existían, aunque ellos siempre conseguían ser indemnizados.

Con esta estrategia lograron que las compañías de seguros les pagasen una elevada cantidad de dinero –que inicialmente se cifró en 1,8 millones de euros– que se repartieron entre los asegurados (un porcentaje o una cuantía fija) y el resto se lo quedaban los peritos Eduardo Pérez Caro y Antonio Bernal Royo.

La fiscal afirma que estas dos personas, con el objeto de hacer desaparecer de su patrimonio todo rastro que delatara la procedencia ilícita del dinero, hicieron una serie de maniobras económicas para incorporar a su patrimonio esas cantidades sin levantar las sospechas de la Agencia Tributaria. Por esa razón, además de los delitos antes mencionados, a estas dos personas –y a la compañera sentimental de Pérez Caro, María Jesús G. G.– se las acusa de un delito de blanqueo de capitales.