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obras públicas

El Gobierno de Aragón ve inasumible liberalizar los tramos de la AP-68 y la AP-2

Vicente ha explicado que el coste de liberalizar de forma inmediata y total estos tramos es inasumible para el Gobierno de Aragón, pero también para el de España, y más teniendo en cuenta que la gran mayoría de los vehículos pesados que circulan por estas vías son de otras comunidades autónomas, o incluso es tráfico internacional.

Liberalizar el tramo entre Mallén y Figueruelas de la AP-68 y entre Alfajarín y Fraga de la AP-2 costaría 40 y 58 millones de euros al año, respectivamente, ha explicado en las Cortes el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Alfonso Vicente, en respuesta a dos preguntas formuladas por el diputado de CHA, Bizén Fuster.

Vicente ha explicado que el coste de liberalizar de forma inmediata y total estos tramos es inasumible para el Gobierno de Aragón, pero también para el de España, y más teniendo en cuenta que la gran mayoría de los vehículos pesados que circulan por estas vías son de otras comunidades autónomas, o incluso es tráfico internacional.

Pero el Gobierno de Aragón negocia con el de España y con las concesionarias de ambas autopistas para llegar a un acuerdo para esta liberalización que, en todo caso, nunca sería alternativa al desdoblamiento de los tramos que aún tienen un solo carril por sentido en las carreteras nacionales N-232 (que discurre paralela a la AP-68) y la N-II (paralela a la AP-2)

El desdoblamiento de la N-232 es "la obra más prioritaria" de todas para el Gobierno de Aragón en estos momentos, y aunque su proyecto administrativo ya está concluido, en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 no aparece para esta obra más que una partida testimonial de 80.000 euros, según ha denunciado Fuster.

Pero Vicente ha dicho que van a intentar que al final sí que aparezca consignación presupuestaria o, por lo menos, que se incluya entre el listado de obras que se financiarán con cargo al Plan Extraordinario de Infraestructuras anunciado recientemente por el Gobierno central.

En el caso del desdoblamiento de la N-II, se encuentra en el trámite de obtener la declaración de impacto ambiental.

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