La empresa agroalimentaria Agrovalle, ubicada en Mallén, ha cerrado en menos de un año tras cobrar subvenciones millonarias e hipotecar el suelo que le vendió el Ayuntamiento por 80 veces el precio que pagó. La firma ha presentado un concurso de acreedores y ha dejado en la calle a 97 personas, aunque desde la Administración se insiste en que hay "conversaciones avanzadas" para encontrar un comprador que siga adelante con el proyecto. El expediente de extinción se tramitará hoy, según confirmó la responsable de Recursos Humanos a la plantilla en una reunión celebrada ayer.

Nueve meses ha durado una de las grandes apuestas de la DGA, que hizo su puesta en escena en la sala de columnas del Pignatelli con la firma del protocolo de colaboración entre el presidente, Marcelino Iglesias, y el consejero delegado de Agrovalle, Herbert Kolling, en noviembre de 2007. Este inversor no esperó ni a la debacle y abandonó la industria el pasado noviembre, justo dos años después de la firma en la DGA.

La empresa levantó el año pasado una gigantesca nave dedicada al procesado de frutas y verduras de IV gama (lavadas, troceadas y listas para el consumo) en el polígono industrial de El Zafranar, que empezó la actividad el pasado verano y cerró el martes por la tarde. En la sede de la DGA se prometieron 450 empleos al cabo de cinco años y se anunció incluso que se iba a convertir en el segundo productor nacional. Nada más lejos de la realidad.

El Ayuntamiento, sin condición alguna, le vendió el suelo a un precio político: cobró 30.000 euros por una parcela de 22.066 metros cuadrados, es decir 1,3 euros por metro cuadrado. En cuestión de días, Agrovalle la hipotecó con cuatro entidades financieras por más de 2 millones de euros. Con las obras sin acabar, la empresa pidió más suelo al Consistorio para una ampliación que nunca ejecutó. La parcela la obtuvo la pasada primavera al mismo precio político, 30.000 euros, y realizó la misma operación. También está hipotecada, aunque en este caso por Avalia (sociedad de avales de la DGA) por un importe de 600.000 euros y por Construcciones Ecay "en garantía de un préstamo de 2,1 millones de euros". En total, 4,78 millones.

El alcalde, el socialista Antonio Asín, no quiso referirse al apoyo que recibió la empresa y se limitó a asegurar que las negociaciones para encontrar un comprador para Agrovalle están "muy avanzadas". Y añadió: "Vamos a esperar para esto (las ayudas). Hay posibilidades de que se recupere y se debe transmitir tranquilidad a los trabajadores". La empresa, mientras tanto, guardó silencio.

Los carteles oficiales que se exhiben a las puertas de la empresa detallan que se benefició de dos líneas de subvenciones públicas, con las que cubrió un tercio de la inversión, de 6,5 millones de euros. Del programa de Desarrollo Rural de Aragón cobró 1,43 millones (aportados por la Consejería de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y la UE) y del de Diversificación Económica, otros 520.000 (aportados por la Consejería de Economía y el Ministerio de Economía). Y también obtuvo un aval de la DGA.

Fuentes oficiales del Gobierno autonómico remarcaron que Agrovalle cumplía "todos los requisitos del reglamento de la UE" superaba "todos los parámetros de viabilidad económica", por lo que obtuvo las ayudas como otras empresas del sector agroalimentario. Desde la DGA se aclaró que la empresa está obligada a mantener las inversiones durante cinco años y confiaron en que se logre un inversor que siga adelante. "Si hay gestores que garanticen la continuidad no pasa absolutamente nada con las ayudas", señalaron.