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Aragón
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TRANSFERENCIAS

Una comisión insustancial

El Estado traspasa a Aragón los aeródromos, salvo el de Zaragoza y Monflorite, pero las grandes reclamaciones de la Comunidad siguen bloqueadas.

La comisión mixta de transferencias, reunida ayer en la sede de la DGA, en el Pignatelli.
Una comisión insustancial
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Insustancial. Así se puede calificar el contenido de la comisión mixta de transferencias celebrada ayer en Zaragoza, en la que el Estado acordó con Aragón el traspaso de las competencias de los aeródromos, campos de vuelo y helipuertos, pero excluyó los aeropuertos de Zaragoza y Huesca por tratarse de instalaciones de interés general. Ninguno tiene una actividad reseñable, pero el PSOE optó por decir que tiene una importancia "cualitativa". Eso sí, valorada en 5.640,89 euros.

La reunión en el Pignatelli se despachó en menos de media hora y en ella también se pactó la ampliación de medios en materia agrícola, consistente en la entrega de un silo existente en Calatayud. Otro avance para cumplir con el Estatuto «de la A a la Z», como dijo el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, mientras las más importantes reclamaciones de Aragón, recogidas en ese mismo documento con rango de ley, siguen bloqueadas. Así está la gestión de la reserva hídrica del Ebro, los permisos de inmigrantes, la inspección de trabajo o la capacidad de negociar los remanentes de las inversiones estatales asignadas a Aragón que no se ejecutan año tras año.

El malestar lo pretendió escenificar el vicepresidente aragonés y líder del PAR, José Ángel Biel, negándose a comparecer ante los medios de comunicación. En eso se quedó, porque de puertas adentro no hizo ni mención de las importantes cuestiones atascadas, que su gabinete de prensa sí se encargó de dejar constancia por escrito en una nota de prensa oficial preparada de antemano a la comisión mixta.

Zarrías se dedicó a elogiar las «excelentes relaciones» del Estado con Aragón y a negar cualquier malestar o queja del PAR, porque, argumentó, «decir otra cosa no se correspondería con la realidad». «Nunca he oído por parte del vicepresidente Biel ninguna manifestación de agravio ni de maltrato y si se ha hecho ese comentario en otros lugares, ahí no puedo entrar», añadió.

Es más, no tuvo empacho en decir que el Estatuto se cumplirá «sin ningún tipo de inconveniente» y que convocará la comisión bilateral en cuanto se pida. Sobre la reclamada gestión de la reserva hídrica sostuvo que no había «ningún problema», si bien estaban pendientes «de una serie de resoluciones». Tuvo respuesta para todo, como para el hecho de que Aragón no pueda negociar los remanentes de las inversiones estatales: «Estamos en un momento difícil y complicado desde el punto de vista económico. Eso está ahí, en el Estatuto, y al igual que ha ocurrido con otras comunidades autónomas, se irá haciendo paulatinamente en función de las disponibilidades presupuestarias». Sin poner cifras ni fechas.

El número dos del Ministerio de Política Territorial compareció escoltado por el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, y el consejero de Obras Públicas, el socialista Alfonso Vicente. A este le tocó ejercer de portavoz, papel en el que se dedicó a destacar el avance competencial, obviando cualquier atisbo del malestar que venden sus socios del PAR. Es más, Vicente destacó que hubo hasta muestras de satisfacción. «Lo que ha transmitido el socio de gobierno (en referencia al PAR) es que estamos todos muy contentos de recibir esta transferencia (la de los aeródromos) y que estamos encantados de cómo estamos trabajando con el Estado, y el Estado ha dicho lo mismo, no sé si será por educación o por otros motivos», manifestó.

Vicente no escurrió el bulto y se refirió a las competencias reclamadas para Aragón. «No hemos hablado de eso porque hoy no tocaba», sentenció.

El consejero de Obras Públicas se centró en destacar el avance que supone recibir las transferencias de cuatro aeródromos (Benabarre, Castejón de Monegros, Santa Cilia y Caudé), siete campos de vuelo y quince helipuertos. Serán efectivas desde el 1 de marzo y supondrá, a su juicio, «un impulso importante en temas urbanísticos y medioambientales» y poder solventar «muchos asuntos que están encima de la mesa y no avanzaban». Todo un logro para cerrar la legislatura.

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