El Consejo de Ministros aprobó el jueves la horquilla del recorte salarial de los funcionarios, pero ahora le toca a las administraciones regular cómo se aplicará en sus plantillas. Y es ahí donde reside el problema. Tanto en el Gobierno de Aragón como en los ayuntamientos de la Comunidad han empezado a hacer cuentas y el proceso se augura más que complejo.

En principio, el recorte salarial mantendrá su proporcionalidad (entre el 0,53% al 7%) en el salario base y la antigüedad, lo que supondrá una rebaja de entre 3.500 y 100 euros anuales. Con los complementos específicos y de destino es probable que se aplique una reducción lineal del 5% o se establezcan algunas variantes para las franjas altas y las bajas. Pero estos últimos conceptos les corresponde regularlos a las administraciones y si se aplica una rebaja equitativa, podría generar situaciones kafkianas como que dentro del mismo grupo funcionarial haya diferencias salariales importantes.

"Cuanto más peso tienen las retribuciones complementarias y no las básicas, más perjudicado sale el que menos cobra", ejemplificó Daniel Alastuey, de UGT, que advirtió de que tampoco está claro cómo afectará a los empleados de las empresas públicas. "Se puede dar el caso de que un forestal de Sodemasa cobre menos que la cuadrilla que dirige", señaló.

En el Pignatelli, ayer se afanaban en arrojar algo de luz entre los más de 40.000 funcionarios. "Va a ser muy complicado porque hay miles de peculiaridades", explicaron fuentes de la DGA. De hecho, se va a dar la paradoja de que el recorte en las retribuciones básicas -reguladas por el Estado- se aplicara ya en la nómina de junio (se mantendrá la paga de verano), mientras que el recorte en los complementos no se materializará hasta julio cuando se haya aprobado un proyecto de ley. Está previsto que entre el lunes y martes se pueda dilucidar el número de personas afectadas en cada grupo funcionarial y cómo se aplica la rebaja.

En el Ayuntamiento de Zaragoza, se sigue trabajando con la calculadora, pero un tanto a ciegas porque el decreto no ha sido publicado. No en vano, la junta de portavoces prevista para el lunes se tendrá que retrasar al martes. "No podremos adelantar los criterios hasta tener el decreto", explicaron fuentes municipales. Las mismas fuentes explicaron que "no es fácil el ajuste" porque puede existir el riesgo de "desincentivar" a los cargos, ante las escasas diferencias salariales con sus subalternos o que se produzcan casos en que un subordinado cobra más que un superior. El objetivo, en definitiva, es conseguir el recorte medio del 5% sin provocar "un galimatías" en las tablas salariales.

Al margen de la cuestión retributiva, en el gobierno municipal dieron un respiro de alivio al conocer que de los 1.200 millones de euros que exige el Gobierno central a las administraciones autonómicas y locales, solo 200 corresponden a los ayuntamientos y no 600 como se temían en un principio. Según fuentes municipales y atendiendo a criterios de población, al Consistorio zaragozano le corresponderían entre dos y tres millones de euros. No obstante, todavía no se sabe como se aplicará este ajuste, por lo que ya se ha convocado una reunión entre la Federación Española de Municipios y Provincial y los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda para pactar los criterios.