5º ANIVERSARIO DEL ACCIDENTE DEL YAK

Trillo se libra del banquillo de los acusados por el Yak-42

El ex ministro de Defensa Federico Trillo se librará de sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por el siniestro del Yak-42, catástrofe aérea que provocó la muerte de 62 militares y de la que este lunes se cumplieron cinco años. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó archivar las actuaciones iniciadas contra Trillo -hoy diputado del PP y por tanto aforado- a instancias del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga si hubo delito en la contratación del avión que se estrelló cerca de la ciudad turca de Trabzon tras dos intentos de aterrizaje fallidos.


El Tribunal Supremo entiende que no hay indicios para imputar al ex ministro un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, que le atribuían las familias de las víctimas en su escrito de acusación. Responde así a la petición de Grande-Marlaska, quien la semana pasada envió un escrito al alto tribunal para pedirle si procedía o no acusar a Trillo. Dos días después, el propio juez aclaraba en otra nota que no veía "indicios de responsabilidad" en la gestión del ex ministro. En razón de esa falta de indicios, el Supremo concluye que su imputación "no resulta procesalmente necesaria".


La decisión del alto tribunal fue un mazazo para las familias de los 62 fallecidos, que se reunieron en la base militar Cid Campeador de la localidad burgalesa de Castrillo del Val, invitadas por el Ministerio de Defensa, para honrar la memoria de sus allegados en el quinto aniversario del desastre. El acto, que consistió en la inauguración de un monumento en memoria de las víctimas, estuvo presidido por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Félix Sanz.


A la conmemoración también asistieron la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, en representación de la ministra Carme Chacón, que sigue de baja por maternidad; el jefe de la Fuerza Terrestre, general Virgilio Sañudo, y el jefe del mando de Fuerzas pesadas, general José Manuel Mollá. En su discurso, el JEMAD señaló que el monumento inaugurado en la base burgalesa, donde servían muchos de los fallecidos, recordará para siempre a unos soldados y oficiales que en vida se esforzaron por cumplir cuantas órdenes y misiones les fueron encomendadas.

Engaños


El presidente de la principal asociación de afectados, Pacho González, leyó en el homenaje un manifiesto en el que destacó la lucha iniciada por estas familias hace ahora cinco años para conocer la verdad de lo ocurrido, una larga travesía en la que denunció haber encontrado "engaños, obstáculos y manipulaciones". "Sabemos que no se hizo nada por evitar la mayor tragedia del Ejército español en tiempos de paz pese a que existían quejas e informes precios previos que alertaban de las pésimas condiciones en las que viajaban los militares", subrayó el representante de las víctimas.


Las familias también atribuyeron a las autoridades que dirigieron Defensa en la etapa de gobierno del PP un "fraude" en las identificaciones de los cadáveres "consciente y deliberado". Además, acusaron de "pasividad" a los dos jueces de la Audiencia Nacional que se han encargado de la instrucción, Teresa Palacios y Grande-Marlaska, actitud que a su juicio ha impedido depurar todas las responsabilidades.


Cinco militares que ocupaban puestos de alto rango en el momento del siniestro continúan imputados por las presuntas irregularidades en la contratación del avión. Se trata del ex jefe de Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreña, y tres subordinados suyos, el contraalmirante José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, el coronel Joaquín Yáñez González y el comandante Alfonso Elías Lorenzo Taboada. En la otra parte del sumario, que investiga los errores en las identificaciones, están imputados el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, acusados de atribuir de forma aleatoria las identidades a los restos recuperados en el lugar del siniestro para que fueran repatriados y enterrados cuanto antes.