Tranquilidad en la DGA por el ultimátum del Gobierno con la Ley de Dependencia

Incluso el Gobierno central reconoce que la implantación de la Ley de la Dependencia está generando caos, y ha decidido tomar cartas en el asunto. Actualmente es imposible comprobar cuántas personas, de las 200.000 que están estimadas como receptoras de las ayudas, están siendo atendidas.

Por eso, y como ayer publicó 'El País', ha enviado una circular a Aragón y al resto de comunidades en la que les insta a aclarar qué tipo de ayudas están dando a los ciudadanos registrados en el ordenador central del sistema de dependencia. Es decir, ya no basta con comunicar el grado y nivel de dependencia del ciudadano -como marca la ley-, sino que si no se indica el recurso que se le otorga, el Ministerio de Educación y Política Social no financiará esa prestación.

El Ejecutivo -según 'El País'-, da un plazo de seis meses. No obstante, también concreta que el Gobierno es proclive a atender cualquier consideración que le hagan las Comunidades.

El director general de Atención a la Dependencia de la DGA, Luis Bo, concretó ayer que aún no ha podido leer con detenimiento la circular, pero que en su departamento asumen este nuevo paso con tranquilidad y con la certeza de que el contacto con el Ministerio será fluido.

Asegura que el Gobierno de Aragón vuelca datos de manera regular en el ordenador central y que allí están ya las informaciones de los dictámenes emitidos y de algunas resoluciones. "Además, nosotros nos hemos ajustado siempre a la ley, que otorga las ayudas cuando se determina el grado y el nivel del dependiente", asegura.

Insiste en que el próximo lunes abordará con más detalle la lectura de la circular, y que si es preciso se pondrá en contacto con el ministerio, ya que concreta que se les ha manifestado que están abiertos a cualquier conversación o cuestión.

Al parecer, esta noticia ha molestado en algunas autonomías, que se quejan de este nuevo requisito y dicen que quebranta lo que exige la ley. No obstante, Luis Bo insiste en que sí que puede suponer un "pequeño esfuerzo", pero no cuestiona la medida.

¿Por qué el Gobierno central ha tomado esta decisión? En la mayoría de los casos, a nivel nacional, no se especifica qué prestación se da a la persona que figura en el ordenador. Es decir, no se sabe si hay recibido una ayuda para el cuidador o una plaza residencial.

Es obligado llevar un control de estos aspectos para conocer qué tipo de ayudas se otorgan con más frecuencia y para tener contabilizado todo este desembolso económico.

Algunas comunidades, como Madrid o Castilla y León, apenas han llegado a volcar alguna ayuda en el ordenador. Por ejemplo, de las 7.964 que se han dado como sueldo al cuidador, la mayoría se prestan en Andalucía (4.747), pero en Madrid no han dado el alta a nadie en la Seguridad Social. En Aragón cobraban esta aportación, a principios de mayo, 55 personas.

En cuanto a los plazos que se marcan en la comunidad, Servicios Sociales se ha puesto como meta que para finales de este mes 3.000 grandes dependientes, de los 9.322 a los que se ha reconocido esta situación, recibirán las ayudas con carácter retroactivo al momento en que las solicitaron.

Actualmente las prestaciones llegan a 2.437 de estas personas, lo que supone solo el 26% de quienes deberían ya estar percibiéndolas. En estos momentos hay 7.785 expedientes en diferentes fases de resolución, y 1.314 pacientes con dependencia severa.