«Tiene más sentido que los órganos de la justicia estén en el centro de la ciudad»

Otro mandato al frente de todos los abogados, con nuevos retos.

Sí, aquí los retos se renuevan casi cada día. Es una institución en constante evolución, sigue la marcha del derecho y sobre todo de la justicia. Y en España, a pesar de los intentos, no terminamos de encontrar la administración de justicia que queremos.

¿Y qué es lo que falta?

Faltan muchas cosas. En primer lugar, que sepamos explicar a la ciudadanía que hay otras formas alternativas a los tribunales de justicia para resolver las cuestiones. Por ejemplo, pocas veces se habla de la función de asesoramiento y de consejo del abogado, que evita muchísimos pleitos. Casi la mitad de los asuntos que llegan a un despacho de abogados. Hay un considerabilísimo número de temas que se resuelven en los despachos, pero no hay ninguna preparación específica para esa labor, la de resolver los asuntos amigablemente.

¿Hay que seguir reformando la justicia?

Sí, estamos en una permanente reforma de la administración de Justicia, y no lo hacemos demasiado bien. La justicia tiene muchísimas deficiencias. Ponemos parches, pero no damos con una solución.

Se habla de la informatización, de dotarla de más medios.

Sí, pero eso está ya pasado. Es verdad que hacen falta más medios, también que no puede haber un Estado de derecho sin una buena justicia, y esta no puede existir si no hay una buena defensa, y por tanto si no hay unos buenos abogados. Hay que atender lo que hay que atender de forma prioritaria. Por otro lado, no estamos de acuerdo con algunas medidas que se están tomando, como la supresión de recursos o con la elevación de la cuantía de los recursos, que parece que es una forma de impedir el acceso a la justicia.

¿Parece que buscan reducir el número de personas que acude a los juzgados para desbloquearlos?

Sí, exacto. La justicia española que se ha asentado en la democracia ha sido un verdadero éxito. Su colapso se debe precisamente a que los ciudadanos acuden a los juzgados a reclamarla. Pero a nadie se le ocurriría por ejemplo resolver el colapso del transporte público suprimiendo paradas de autobuses. Estamos penalizando que el ciudadano acceda a la justicia.

¿Cómo lo están planificando?

Primero, recuperando las tasas, que las habíamos quitado porque todos creíamos que la justicia debía ser gratuita. Y ahora, incluso poniendo otra nueva, que se le llama depósito, para poder poner un recurso, o eliminando recursos, o elevando las cuantías que dan derecho a recurrir. Lo que está sucediendo es que hemos agotado el modelo de administración de justicia. Hay que hacer un nuevo modelo, pensar en otras cosas.

¿Cuáles? ¿La solución podría estar en el arbitraje y la mediación?

No. Ninguna de las dos solucionará la situación de la justicia. Ayudará a mejorarla, pero no a solucionarla. Creo más que la solución va, y voy a arriesgar un poco, por la creación de ese juez del mazo, que hemos visto en las películas americanas. El juez ante el que se resuelven las causas pequeñas, directamente, sin necesidad de escribir un solo papel, todo de forma electrónica, y se seleccionan qué asuntos necesitan un tratamiento mayor.

¿A lo que se refiere no son ya los juicios rápidos?

No, hemos querido hacer algo parecido, pero no es eso en absoluto. Lo primero que hay que hacer es sentarnos en una mesa todos los que directa o indirectamente tenemos algo que ver con la administración de justicia y con un esfuerzo de autocrítica importante reflexionar sobre cuáles serían las mejores condiciones para esa justicia de calidad y suficiente que necesita el ciudadano.

Aragón gestiona ya la competencia de la gestión de la administración de justicia. ¿Se nota positivamente?

Se nota, fundamentalmente en dotaciones. Siempre que la administración se acerca al territorio administrado, se produce una mejoría de la situación. Lo que no funciona tan bien es la organización de la gobernanza de la administración de justicia. En la justicia mandan el Ministerio de Justicia, con su Fiscalía General del Estado, y cada una de las 17 comunidades autónomas. Y luego, en el orden judicial, el Supremo y el Constitucional. Hay un problema verdadero de gobernanza, que exige de nuestros políticos un gran esfuerzo para que ese aparato, que es fundamental para el Estado de derecho, funcione correctamente.

¿Qué le parecen las ciudades de la justicia? En Aragón está más cerca de ser realidad.

En esto tengo un criterio personal, que sé que es incluso contrario al de muchos ciudadanos de Aragón y, desde luego, a los políticos. Acercar la justicia al ciudadano requiere también que esa cercanía esté en lo físico.

Los políticos tomaron la decisión de llevarla a la Expo, más que por una reclamación ciudadana, sobre todo para dotar al recinto de contenido.

Pues más grave. Soy más partidario de conservar la ubicación de la administración de justicia en el centro de la ciudad, cerca de los ciudadanos. Creo que tiene más sentido. Y que exista un barrio de la justicia. Tengo que decir que, por principio, no soy contrario a la idea de la ciudad de la justicia. Por ejemplo, la que hay en la ciudad belga de Brujas me parece una maravilla, pero no deja de ser una localidad de 100.000 habitantes casi perfecta urbanísticamente. Y han puesto la ciudad de la justicia en el centro, no distanciada. Esa forma sí me parece bien.

Zaragoza tenía en cierta manera un barrio de la justicia.

Sí, creo que se podría haber insertado perfectamente el resto en ese mismo entorno, vivificando la ciudad y, sobre todo, evitando el traslado de tantos y tantos ciudadanos diariamente. Mi opinión sincera es que los órganos de la justicia en Zaragoza estarían mejor en el centro de la ciudad.

¿Está muy politizada la justicia?

Sí, está politizada. Eso no hay quien lo niegue, pero hay que ver de qué forma. En lo que son las resoluciones judiciales, está poco politizada. Las instituciones sí lo están. El Ministerio de Justicia evidentemente depende del partido que sustenta al Gobierno. Sobre el Consejo General del Poder Judicial... ya está todo dicho. Tiene un problema fundamental, de origen, porque en él se potencia la politización y el corporativisimo a la vez. Contra lo que se suele afirmar, el Tribunal Constitucional no está tan politizado.

¿Qué le parece la ilegalización de Sortu?

Tenemos poco que decir. No solemos opinar en los asuntos en los que hay dos partes representadas por compañeros. Todo el mundo tiene derecho de defensa. Sí me preocuparía que no se estuviese respetando la legalidad vigente, pero nada parecido a eso se ha dicho. Sí se está respetando, y siguen los trámites conforme establecen las leyes. Tendrá que ser un tribunal el que diga si efectivamente es legal o no.

Usted que fue decano de Zaragoza diez años, ¿qué tal ve la abogacía en Aragón?

Para nuestra satisfacción, tenemos una de las curias más importantes de España, y lo hemos demostrado. En los macrojuicios que ha habido en Aragón, en los que abogados señeros de Madrid y Barcelona asistieron a clientes, la abogacía aragonesa rindió a grandísima altura. Se hizo de igual o mejor forma que los que venían precedidos de una fama importante en las otras dos ciudades. Hemos sido muy respetados y admirados. De ese sentimiento me he beneficiado, cuando me eligieron y me han venido reeligiendo en el Consejo.

¿Hay muchos despachos internacionales que se establecen en España?

No se ha llegado a producir una masificación de la abogacía por la llegada de despachos extranjeros. Y hay una razón. Tenemos unos despachos muy buenos, con grandes abogados, que son los que han frenado la llegada de despachos de otros países. Tenemos en España el despacho con más abogados en el continente europeo. Y hay otros diez muy grandes, competentísimos, que están dando un servicio global en todo el mundo y eso ha frenado mucho la entrada de macrodespachos. Nuestra masificación no se debe a la entrada de despachos extranjeros, sí a las más de 50 facultades de Derecho que hay en España. A la facilidad que hay para ser abogado, que, hasta que no se empiece a aplicar la ley de Acceso, basta con la licenciatura.

¿La crisis está afectando a la abogacía?

Muchísimo. Afecta de tres formas. A la abogacía institucional, porque llevamos cuatro años con los presupuestos congelados. A los abogados, que tienen muchos impagos, como cualquier proveedor de servicios. Y en tercer lugar, porque los clientes que se han quedado, han atornillado los honorarios, han pedido reducción. No son buenos tiempos. Y si a eso le añadimos que las disposiciones de las administraciones públicas son menores, la falta de pago en los servicios de justicia gratuita, la bajada en la creación de sociedades... El panorama no es bueno, salvo para unos pocos abogados que lleven ejecuciones dinerarias y otros temas parecido. Ha habido una reducción de clientes tremenda. Es falso el mensaje de que los abogados se forran con las crisis.

Ustedes reaccionaron cuando el juez Garzón pinchó las conversaciones entre un abogado y un acusado de la trama Gürtel. ¿Los abogados no tienen por qué temer que haya más casos?

Esa actuación la calificamos como un ataque directo al Estado de derecho. Esperemos que no haya que temer más. Hemos conseguido por fin que el ministro de Justicia nos reconozca la necesidad de una ley de la Defensa.