El informe policial encuentra indicios de delito económico en la gestión del Consejo del Jamón

El juez cita a declarar a 30 empleados
y representantes
del organismo
y levanta el secreto
de las actuaciones.

La exportación es una vía de escape en momentos de reducido consumo interno
La exportación es una vía de escape en momentos de reducido consumo interno

El informe policial encargado por el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital turolense, Jerónimo Cano de Lasala, apunta a posibles delitos económicos en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jamón entre los años 2009 y 2013.


Así lo ha explicado el propio magistrado, quien espera ahora tener pronto sobre su mesa el dictamen de un perito auditor que contribuya a esclarecer si realmente se cometieron irregularidades en el seno de la institución durante los últimos cinco años, tal y como denunció el pasado mes de febrero el entonces presidente de la entidad, Eugenio García.


El pasado 28 de abril, el juez Cano decidió levantar el secreto de actuaciones al disponer ya de la información que él considera más necesaria. El magistrado aclaró ayer en los pasillos de los juzgados que está encontrando una total «colaboración» por parte de aquellas personas a las que solicita datos, lo que hace innecesario mantener el secreto de actuaciones como medida de precaución.


Además, desde la Secretaría del Juzgado número 3 se ha llamado a declarar en calidad de testigo a las mismas personas que desde el inicio de la investigación judicial han venido aportando su testimonio ante la Policía. Entre ellas figura un ex secretario y un inspector del Consejo Regulador. Las primeras testificales tendrán lugar el próximo viernes.

No hay imputados

Tras abrirse diligencias el pasado mes de marzo para esclarecer lo sucedido, una treintena de empleados, veedores, ex consejeros y ex presidentes de la entidad de los últimos cinco años declararon en la Comisaría de Policía de Teruel. El Juzgado investiga posibles irregularidades económicas y también alimentarias. En cuanto a estas últimas, se intenta averiguar si todos los jamones que se vendieron con la certificación del Consejo Regulador cumplían las condiciones exigidas para llevar el sello de calidad. Por ahora no hay ninguna persona imputada en relación con estos aspectos.


El presidente de la Junta Gestora que dirige de forma provisional el Consejo Regulador ante la crisis de esta entidad surgida en enero por la dimisión de la mitad de sus miembros, Fernando Calvo, señaló ayer que, por su parte, se han facilitado a la Justicia todos los datos de las cuentas bancarias del Consejo del Jamón entre 2009 y 2013, así como la base de datos de aplicación informática de la gestión de la entidad y acceso a la misma.