urbanismo
El Ayuntamiento de Teruel estudia asumir el derribo parcial de la finca vecina de la derrumbada
Los propietarios del número 19 de San Francisco se reúnen con la alcaldesa para que no se les imponga la demolición parcial por estado de ruina.
El Ayuntamiento de Teruel estudia la posibilidad de asumir, inicialmente, el coste de la demolición parcial de la finca situada en el número 19 de la calle San Francisco, contigua a la que se derrumbó el pasado 13 de junio destruyendo los hogares de 21 familias. La alcaldesa, Emma Buj, se ha reunido este martes con los representantes de la comunidad de propietarios, que consideran inasumible coste del derribo de la segunda planta y el del ático ordenados por los servicios de arquitectura municipales debido a su estado de ruina inminente.
Buj ha manifestado a la comunidad de propietarios su "predisposición total" a asumir desde el Ayuntamiento el coste de la demolición parcial del número 19, obligada para garantizar la seguridad del desescombro del número 21. La alcaldesa explica que el precio del derribo podría incluirse en el crédito de 1,6 millones de euros acordado por el pleno municipal para afrontar los gastos derivados del derrumbamiento.
La alcaldesa matiza que el coste sería asumido inicialmente por las arcas municipales, pero trasladado después a la propiedad del número 19, que, a su vez, lo podrá reclamar de su correspondiente aseguradora. Aclara también que su disposición está condicionada a que pueda tener encaje legal, algo que el Ayuntamiento tendrá que estudiar.
La presidenta de la comunidad de propietarios de la finca, Patricia Aldazabal, señala que el derribo parcial del inmueble deberá de incluir como acciones complementarias el apuntalamiento de la finca y la construcción de una cubierta provisional para que, en caso de lluvia, no haya filtraciones sobre los pisos inferiores. Los vecinos cuestionan la demolición parcial ahora porque, en función del resultado del desescombro del número 21, todo el inmueble podría declararse en ruina.
Los vecinos plantean que, si el derribo es imprescindible para la seguridad del desescombro contiguo, lo asuma y costee el Ayuntamiento, al menos inicialmente, con cargo a la financiación extra aprobada por el pleno.
Aldazabal indica que, tras tener que abandonar su casa el pasado 13 de junio y con la perspectiva de no poder recuperarla –su vivienda ocupaba el ático del número 19, la zona más dañada por el derrumbamiento–, tener que contraer ahora un préstamo para afrontar la demolición de las dos plantas superiores de la finca le causaría un grave quebranto económico.
