La Diputación Provincial de Teruel (DPT) reclama al Ayuntamiento de la capital el pago de 1.324.525 euros en concepto de gastos generados por el servicio de extinción de incendios en la ciudad durante el año 2021 y advierte de que, si en el plazo de dos semanas no recibe una respuesta municipal para negociar el abono de esta cantidad, llevara al Consistorio ante los tribunales por no cumplir con su obligación legal de contar con un parque de bomberos.

El informe sobre el coste económico de la prestación del servicio de bomberos ha siro realizado por los funcionarios de la DPT y tiene en cuenta los gastos de personal y de bienes corrientes así como las inversiones precisas en vehículos, aunque no incluye costes de edificios, equipamientos e instalaciones. 

El documento señala que de los 421 servicios realizados por el parque de la capital en 2021, 270 -el 64%- correspondieron a la ciudad, que acaparó el 25% de todas las salidas realizadas por los bomberos en la provincia. 

El presidente de la DPT, el socialista Manuel Rando, ha advertido de que, sin en el plazo de dos semanas, el Ayuntamiento no responde al requerimiento realizado por la DPT para abonar la cantidad que corresponde al coste del servicio en 2021, la Diputación denunciará al Consistorio por la vía de lo contencioso-administrativo y le reclamará los atrasos de los últimos cinco años por el mismo concepto, lo que elevaría la cifra demandada hasta 6,6 millones de euros.

Tanto el presidente de la DPT como el vicepresidente, el aragonesista Alberto Izquierdo, han culpado directamente a la alcaldesa de Teruel, la popular Emma Buj, de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para que el Ayuntamiento contribuya a soportar el coste de los bomberos en la capital. Han recordado que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de disponer de un servicio de extinción de incendios al superar los 20.000 habitantes.

Izquierdo ha señalado que el Ayuntamiento “incumple su responsabilidad” de prestar el servicio de extinción de incendios, lo que absorbe recursos de la DPT que podrían destinarse a los parques de bomberos del resto de la provincia o crear nuevas bases en Cantavieja y el Matarraña. El vicepresidente ha estimado el coste que comportaría para la ciudad contar con sus propio servicio de extinción en 25 millones de euros para un quinquenio, al tener que construir edificios, comprar vehículos y contratar el personal.

Rando ha recordado que las negociaciones entre la DPT y el Ayuntamiento para que esta administración comparta los gastos del servicio de bomberos se remontan a 2016 sin que se hayan producido avances.

La alcaldesa ha interpretado la reclamación de la DPT como un acto de “precampaña electoral” de los dos partidos que forman el equipo de gobierno de la institución, PSOE y PAR. Emma Buj ha criticado los “malos modos” de presentar el informe de costes, lo que indica “falta de voluntad de entendimiento” con el Ayuntamiento.

Buj ha acusado a socialistas y aragonesistas de “utilizar las instituciones para hacer oposición donde no gobiernan” y de “querer enfrentar a la capital con los pueblos”. La alcaldesa ha reiterado su petición de que la DGA cree un cuerpo de bomberos autonómico, como se anunció “en el acuerdo de gobierno” del cuatripartido, y ha añadido que solo en ese caso el Ayuntamiento estaría dispuesto a colaborar económicamente.