La Diputación Provincial (DPT) advierte al Ayuntamiento de Teruel en una carta que, en caso de que se produzcan incendios simultáneos en la capital y en su entorno y los bomberos no puedan atender los dos siniestros a la vez, la Diputación debe "quedar exonerada de cualquier responsabilidad" por lo que pueda ocurrir en la ciudad. La DPT entiende que es competencia municipal mantener un servicio de extinción.

La misiva, del pasado día 23 de febrero, se enmarca en el conflicto enquistado entre las dos instituciones sobre la financiación del servicio de bomberos en la capital turolense, un enfrentamiento que podría entrar en una vía de solución en la reunión prevista para el próximo miércoles entre el presidente de la DPT, Manuel Rando, y la alcaldesa, Emma Buj.

La carta remitida por el presidente de la DPT a la alcaldesa reitera que el Ayuntamiento de una ciudad de más de 20.000 habitantes como Teruel está "obligado" por ley a mantener un servicio de bomberos y plantea como alternativa que colabore a financiar el que actualmente presta la DPT. El escrito recalca que la "responsabilidad" de la DPT se limita a los municipios de menos de 20.000 habitantes y, "hasta el momento", también a la capital.

A renglón seguido, aclara que "puede suceder, y a veces sucede", que las dotaciones de bomberos "sean insuficientes" para cubrir siniestros simultáneos en la ciudad y los municipios que dependen del parque de Teruel. En este supuesto, declina cualquier responsabilidad "si no se pueden atender los siniestros de la capital de la provincia", una prestación que considera propia del Ayuntamiento.

La tasa de bomberos subirá

La carta de Manuel Rando a Emma Buj adelanta que la DPT trabaja en la actualización de la ordenanza del servicio de extinción de incendios que fija las tasas a pagar por las prestaciones de este servicio. La actual se remonta a 1991 y todavía está redactada en pesetas -sustituidas por los euros en 2002-. El precio de la hora de trabajo de un bombero se fija en 1.300 pesetas –7,8 euros– y, el de cada salida, en 4.000 pesetas –24 euros–.

Rando explica que el servicio es "altamente deficitario", pero el estudio de costes todavía no está terminado y no se ha determinado el importe de las nuevas tasas, aunque en la carta advierte de que, dada la antigüedad de las actuales tarifas, subirán "exponencialmente". Recuerda que los ciudadanos de Teruel serán "especialmente" afectados por el incremento dado que la ciudad acapara más del 25% de los servicios que prestan cada año los bomberos en la provincia.

El estudio de costes se realiza a partir de cifras actualizadas para que la evaluación sea lo más ajustada posible a la hora de fijar la aportación del Ayuntamiento. En la misma carta, Rando comunica a la alcaldesa que la DPT realiza ya "los trámites necesarios" para reclamar judicialmente el pago por los servicios de los bomberos en la capital. Toma esta medida "tras más de dos meses sin recibir respuesta" a la cartas y contactos para negociar un acuerdo.

Reclamación judicial de pago con atrasos

Manuel Rando se muestra abierto a alcanzar un pacto amistoso que suspendería la vía judicial. Propone que el Ayuntamiento aporte inicialmente una parte del coste de los bomberos y progresivamente llegue a cubrir la totalidad del importe, estimado en 1,1 millones de euros anuales. Pero Rando advierte de que, si la vía del contencioso-administrativo sigue adelante hasta su culminación, pedirá el pago de los atrasos correspondientes a los últimos años.

La DPT señala que su prioridad en matería de bomberos es cubrir toda la provincia dentro de los 35 minutos de desplazamiento desde el parque de bomberos más próximo, como prevé la legislación.

La alcaldesa, Emma Buj, enmarca la presión de la DPT para pagar los bomberos en un ataque partidista al Ayuntamiento por su distinto color político –en la DPT gobiernan PSOE y PAR y en el Ayuntamiento PP y Cs– y, aunque se muestra dispuesta a negociar, solo justifica la cofinanciación del servicio en el marco de una aportación a un servicio de extinción de carácter autonómico, previsto en el acuerdo que posibilitó el actual Ejecutivo aragonés.