La Comunidad de Regantes de Sarrión, que impulsa la creación de una zona regable de 618 hectáreas dedicada a la truficultura mediante agua obtenida de pozos, asumirá el coste de la ampliación de la mancha verde a otras 332 hectáreas con una inversión de 2,7 millones de euros. El acuerdo, que refleja la pujanza de la producción trufera local, se tomó por unanimidad en la junta general de regantes celebrada el pasado sábado.

La primera fase del regadío, con un presupuesto de 15,3 millones de euros, se encuentra en la recta final de su ejecución –la terminación está prevista para mediados de 2023– con una aportación de los regantes de 8,6 millones mientras que la DGA asume otros 6,7. Sin embargo, la Comunidad de Regantes asume financiar íntegramente la ampliación para que las obras se puedan acometer de inmediato mediante una modificación del proyecto inicial y con la misma empresa encargada de la ejecución, la compañía pública Tragsa.

El presidente de la Comunidad de Regantes, Manuel Doñate, ha explicado este lunes que, tras el acuerdo tomado por consenso en la asamblea del pasado fin de semana en Sarrión, solo queda firmar un convenio de ejecución con el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, y aprobar el modificación del proyecto inicial para acometer los trabajos de la segunda fase.

La Junta General acordó también por unanimidad incorporar como miembros de la Comunidad de regantes a los propietarios de las 332 hectáreas que se regarán con las segunda fase, hasta totalizar una extensión regada mediante sistemas de bajo consumo de agua de 950 hectáreas, dedicadas a la truficultura. Los truferos destacan que la posibilidad de garantizar una aportación de agua a las encimas micorrizadas garantiza la homogeneidad de las cosechas.

El director de las obras, Ricardo Ibáñez, explica que asumir el coste de la segunda fase acelerará la ejecución y ahorrará costes respecto a la opción de elaborar un nuevo proyecto que podría optar a subvenciones públicas. Ibáñez resalta el "compromiso" de los truficultores locales con la creación del regadío.

Ricardo Ibáñez afirma que el impulso al proyecto inicial y también a la segunda fase surge "desde abajo", de los pequeños propietarios del suelo. Señaló que la segunda fase resulta menos costosa que la primera al aprovechar muchas de sus infraestructuras por tratarse de parcelas contiguas a las del primer regadío.

Destaca el carácter "social" del regadío, porque permitirá regar a pequeños propietarios que, de otro modo, no podrían abastecerse de pozos con sus propios recursos. Recuerda que la superficie media por cada regante es inferior a las cinco hectáreas, una extensión con la que sería "imposible" instalar en todas las fincas un sistema de captación y distribución de agua.

Explica que la modificación del proyecto actual supone un notable ahorro respecto a una ejecución por separado de la primera y la segunda fases. La rebaja de costes reducirá el importe de la segunda fase de los 3,8 millones estimados inicialmente a 2,7. El nuevo convenio habilitará cuatro años para completar la ampliación del regadío, que ya cuenta con evaluación ambiental favorable.

La firma de convenio para la ejecución del modificado del proyecto está prevista para antes de finalizar 2022. El coste de la puesta en regadío pasará de los 24.802 euros por hectárea de la primera fase a los 11.545 de la segunda debido al aprovechamiento de infraestructuras ejecutadas según el diseño inicial.