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Un año y medio de prisión para cuatro empresarios por la muerte de un obrero en el Polígono La Paz de Teruel

El operario se precipitó por una claraboya, un accidente que la juez achaca a la falta de medidas de seguridad en el trabajo

La sentencia ha sido emitida por el Juzgado de lo Penal de Teruel.
La sentencia ha sido emitida por el Juzgado de lo Penal de Teruel.
Javier Escriche

El Juzgado de lo Penal de Teruel condena a un año y medio de prisión a cuatro representantes de tres empresas de Valencia –una principal y dos subcontratadas– que en mayo de 2019 llevaban a cabo el montaje de placas solares sobre el tejado de un supermercado del Polígono La Paz.

Uno de los obreros contratados para realizar el trabajo se precipitó desde una altura de 12 metros al romperse la claraboya que pisó al perder el equilibrio, sufriendo un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte. La sentencia recoge que el fallecido no hacía uso del arnés, no había en el lugar línea de vida para su anclaje ni barandillas o redes, tampoco se habían evaluado los riesgos de la actividad a realizar y faltó formación e información de los trabajadores sobre el correcto uso de los equipos de protección individual. Hubo, además, descoordinación entre contratista y subcontratista.

La magistrada, Amparo Monge, indica en el fallo que estos hechos eran conocidos por los cuatro acusados, sin que hicieran nada por impedirlo ,"a pesar de su obligación de evitarlos, provocando con su pasividad que los trabajadores desempeñasen su labor bajo la amenaza cercana de sufrir un accidente grave, como así ocurrió".

Señala la sentencia que en una inspección ocular realizada a la furgoneta de trabajo puesta por la empresa a disposición de los trabajadores se hallaron arneses y cascos, así como la línea de vida recogida en una mochila.

El Juzgado condena a cada uno de los cuatro acusados por un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo –seis meses de cárcel– y por un delito de homicidio imprudente –un año de privación de libertad–. Además de la pena de prisión, impone a cada uno de los procesados el pago de una multa de 1.800 euros y todos ellos, de forma solidaria, deberán hacer frente a una indemnización de 377.000 euros para la viuda y las cuatro hijas del fallecido. El castigo incluye la inhabilitación para el ejercicio del cargo de administrador de una empresa de ventas durante un año y seis meses.

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