La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha aclarado este martes en el Senado cómo y cuándo aplicará el Gobierno la bonificación del 20% de los costes laborales a las empresas de Teruel, Cuenca y Soria, contemplada en los presupuestos del Estado de 2022. Ribera ha respondido a una pregunta del senador turolense por el PP Manuel Blasco, que quería saber las previsiones del Ejecutivo respecto a la entrada en vigor de la rebaja de costes, pero se ha limitado a decir que el Gobierno utilizará "de la mejor manera posible todas las oportunidades que ofrece el marco normativo de la Unión Europea tanto para mantener el empleo actual como para incentivar nuevos emprendimientos".

Blasco ha recordado a la ministra que su colega de Gabinete la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó hace un año en respuesta al senador de Teruel Existe Joaquín Egea que las ventajas fiscales para las empresas de Teruel se podrían aplicar, pero aunque respondió con un "rotundamente, sí", las ayudas no han entrado en vigor en todo 2021. Le ha señalado a Ribera que el Gobierno debe "implementar" la normativa que regule la concesión de las bonificaciones y delimitar la zona beneficiada -a las tres provincias se pueden sumar comarcas limítrofes con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado-.

Teresa Ribera ha reconocido que Teruel, Cuenca y Soria son tres de las provincias con menos PIB y las tres más despobladas, pero ha matizado que el problema demográfico abarcaría a otras provincias si se elimina del cálculo poblacional a las capitales.  La ministra ha dicho que, "sobre la base" de la disposición de los presupuestos que prevé las ventajas fiscales, el Gobierno podrá rebajar los costes laborales de los empleos actuales y facilitar la creación de nuevos. Ribera ha dado la bienvenida a las "aportaciones" que hagan al respecto los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León -los tres ejecutivos han remitido al Gobierno central una propuesta de aplicación del descuento del 20% de los costes laborales, una medida que cuenta con la aprobación de la UE-.