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El secretario de la DPT niega haber favorecido a la empresa de su mujer
La Fiscalía pide 7.200 euros de multa y 5 años de inhabilitación para el acusado por negociación prohibida a funcionarios.
El secretario general de la Diputación Provincial (DPT), M. A. A., acusado de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios en el juicio que terminó este miércoles en el Juzgado de lo Penal de Teruel, se mostró "cansado y harto" de un procedimiento judicial que se inició hace cinco años a raíz de la denuncia de un empleado de la DPT. El fiscal pide para el acusado la imposición de una multa de 7.200 euros y cinco años de inhabilitación por haber realizado labores de contabilidad para ayuntamientos a través de una empresa propiedad de su mujer y de una amiga de esta, Polo y Montón SCP, que estuvo activa entre 2006 y 2015 y que prestó servicio a más de 40 ayuntamientos.
El acusado afirmó en su turno de intervención al terminar la vista oral que "jamás" asesoró a ninguna empresa "en cuestiones que debía resolver" desde su puesto de trabajo en la DPT. Añadió que nunca se ha "saltado" la legislación sobre incompatibilidades de los funcionarios, al contrario de la postura mantenida por la Fiscalía, que ratificó su petición de condena para M. A. A. en sus conclusiones definitivas. Para el fiscal, el secretario de la DPT era el verdadero gestor de Polo y Montón, lo que era "incompatible" con su trabajo en la DPT al comprometer su "imparcialidad".
Mientras el Ministerio Público sostenía que Polo y Montón ofrecían asesoramiento en materia contable además de cumplimentar los documentos necesarios para la fiscalización económica de los ayuntamientos, el acusado defendió que la sociedad de su esposa se limitaba introducir datos en un programa de procesamiento. Durante la vista, los secretarios municipales clientes de Polo y Montón dijeron desconocer a las dos propietarias de la gestoría de contabilidad y, en repetidas ocasiones, afirmaron que su interlocutor en la empresa era M. A. A.
El abogado defensor, Miguel Ángel Lou, pidió la absolución de su cliente porque no incurrió en ningún "solapamiento" entre su trabajo en la DPT y su colaboración con la empresa "familiar" Polo y Montón porque la Diputación no ofrece gestión contable a los ayuntamientos. Durante la segunda sesión del juicio, declararon en calidad de testigos los diputados provinciales Alfonso Pérez y Antonio Pérez y el expresidente Ramón Millán, quienes confirmaron que la institución no se ocupa de la contabilidad de los municipios.
El acusado concluyó afirmando que cinco años después de iniciada la instrucción no sabe "qué actos concretos" se le imputan.
