Teresa Bronchal, de 71 años, y su madre, Caridad Sinués, de 101, llevan diez años luchando por conseguir la instalación de un ascensor en el bloque de pisos en el que viven, un inmueble construido en los años 50 del siglo XX situado en el entorno de la plaza de toros de Teruel. La falta de un elevador condena a Caridad a no salir de casa y dificulta enormemente a Teresa realizar tareas tan cotidianas como subir la compra a la vivienda.

Setenta escalones separan el patio de entrada del tercer piso en el que viven las dos mujeres. "Es un suplicio subir el carro cuando lo llevo cargado con botellas de leche o fruta; tengo que descansar en cada rellano", se queja Teresa, quien explica que padece dos hernias en la espalda. Más complicado es aún que su madre pueda salir siquiera a pasear un rato por la calle. Las barreras arquitectónicas de la casa hacen que, aún con ayuda de otra persona, Caridad emplee al menos 20 minutos en descender hasta la puerta y otros tantos en volver a subir, "y llega arriba agotada", advierte su hija. Cuenta Teresa que su madre lleva sin pisar la calle desde la Navidad.

"Nos vamos a tener que ir a una residencia por falta de ascensor y eso a mí me duele mucho porque esta es mi casa de toda la vida y me encanta vivir aquí –lamenta Teresa–; esta situación está acabando conmigo". Relata que, aunque han planteado en más de una ocasión al resto de los vecinos la posibilidad de instalar un elevador, no han logrado el apoyo de la mayoría en esta iniciativa, por lo que el asunto está bloqueado.

Jorge Escudero

Explica Teresa que ella se ha esforzado en hacer ver a sus vecinos que el inmueble cobraría valor con un ascensor y permitiría un uso más cómodo de los cuartos trasteros, ahora casi inutilizados por estar en la planta más alta del bloque, pero, al parecer, sus argumentos no han convencido al resto de los inquilinos. Esta circunstancia y la falta de recursos económicos para comprar una nueva vivienda mantienen a las dos mujeres "atrapadas" en su propia casa, afirma Teresa.

El presidente de la comunidad de vecinos, que prefiere no dar su nombre, explica que "la democracia es así". "En su día se votó la instalación de un ascensor en el transcurso de una Junta y salió que no, porque a los inquilinos de las plantas más bajas no les interesa", dice. Subraya que se llegó a encargar un proyecto que fue estudiado con detenimiento. "Técnicamente era posible, aunque se trata de una casa con una caja de escaleras muy estrecha, pero el elevado coste de la instalación es lo que nos echó para atrás", explica. "Aún con las subvenciones oficiales, suponía un pastón de dinero", agrega. Conocedor de la delicada situación de Teresa y Caridad, el representante de la comunidad afirma que todos los vecinos "ayudamos en lo que podemos, echándoles una mano al subir la compra o en aquello que haga falta".

La ley establece que es obligatorio instalar ascensores para viviendas habitadas por personas discapacitadas o mayores de 70 años, pero siempre que el precio de la obra, una vez descontadas las subvenciones, no supere el coste de 12 cuotas mensuales ordinarias de los gastos de la escalera. Cuando la subvención supone el 75% del coste de la instalación, esta es obligatoria.

El Gobierno aragonés tiene previsto lanzar este año una nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación que supondrá “una oportunidad de mejorar la accesibilidad en los edificios”, señalan fuentes oficiales. Con carácter general, la DGA subvenciona hasta el 40% del coste, pero puede elevar la cuantía si en el edificio residen personas con discapacidad superior o igual al 33% o mayores de 65 años.