El juicio por la muerte de Ángela Yunta, la mujer de 87 años de edad cuyo cadáver apareció en junio de 2019 emparedado en la casa en la que vivía junto a sus hijos en la localidad turolense de Pozondón, tendrá lugar el próximo 18 de febrero en la Audiencia Provincial de Teruel por el procedimiento del Tribunal de Jurado. La vista iba a celebrarse el pasado 19 de enero, pero tuvo que aplazarse a causa de las dificultades por la pandemia de coronavirus. 

La Fiscalía de Teruel pide 16 años de prisión para el hijo de la víctima, Pedro Blasco, de 48 años de edad en el momento de ser hallado el cuerpo de Ángela, a quien acusa de asesinato con alevosía por entender que fue él quien a las 23.00 del 3 de marzo de 2017 subió a la habitación de su madre y "aprovechando su situación derivada de su edad y enfermedad, le puso una almohada en la cabeza hasta que dejó de respirar". 

El Ministerio Público solicita también 8 años de cárcel para la hija de Ángela, Isabel Blasco, de 50 años de edad, a la que considera cómplice del crimen. Según relata el fiscal en su escrito de calificación provisional, esta conocía la intención de su hermano al subir a la habitación de la madre la noche de autos y, pese a ser la persona que se encargaba habitualmente de sus cuidados, "no hizo nada" por impedir que Pedro acabara con la vida de la anciana, "permaneciendo en la planta baja jugando a videojuegos hasta que fue avisada por este para que le ayudase a esconder el cuerpo de la finada". 

Pedro Blasco habría decidido acabar con la vida de su madre a la vista de los "padecimientos" de esta y de las "constantes molestias y atenciones que demandaba", señala el fiscal. Su hermana habría sido conocedora de los planes de su hermano y se habría comprometido a ayudarle a ocultar el cadáver. Los dos hermanos escondieron el cuerpo en un armario de su habitación, tal como habían planeado, intentando días después quemarlo, pero al no conseguirlo debido al riesgo de incendiar la vivienda, optaron por sellar el armario con cemento, relata el Ministerio Público.

Los acusados no comunicaron al INSS el fallecimiento de su madre, recibiendo mensualmente su pensión en la cuenta de Bankia que la víctima tenía con Pedro. Entre marzo de 2017 y junio de 2019 la Seguridad social desembolsó en concepto de pensiones casi 31.000 euros que fueron recibidos por Pedro e Isabel. La entidad bancaria ha abonado al INSS dicha suma y ahora los hermanos tendrán que reembolsar la cuantía a Bankia. Los dos están acusados de un delito contra la Seguridad Social por el que se enfrentan a seis meses de prisión cada uno de ellos. 

La Fiscalía aprecia la agravante de parentesco y la atenuante de arrebato u obcecación.