La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha rechazo ante las Cortes de Aragón, durante una intervención en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, la instalación de 73 proyectos de parques eólicos pendientes en las comarcas turolenses -Matarraña, Maestrazgo, Gúdar y Sierra de Albarracín- que generarían 3.600 MW al entender que no son compatibles con la ordenación del territorio y que provocarán grandes afecciones en las zonas donde se van a instalar, algunas de ellas dentro de la Red Natura y catalogadas como ZEPA o LIC.

Paloma Ibarra, Doctora en Geografía en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, Javier Oquendo, portavoz de la plataforma y Manuel Cárdenas, de la asociación Gents del Matarranya, han pedido a los grupos políticos estrategias más concretas de ordenación del territorio así como que el INAGA cumpla con la normativa existente (Ley de Ordenación, de Patrimonio, Mapas de Paisaje…) a la hora de aprobar los proyectos. "Renovables si, pero no de cualquier manera", han defendido. Para ello, han apostado por los pequeños proyectos de autoconsumo y no por "gigantes energéticos" de hasta 200 metros de altura que afectan a la agricultura, la ganadería, el turismo y la conservación de los recursos. "Le pedimos a estas Cortes que paralicen estos proyectos, en muchos casos especulativos", han subrayado.

Han incidido también en que los parques eólicos no generan empleo de calidad en el largo plazo y han instado a las administraciones a financiar adecuadamente a los ayuntamientos para que no vean los parques como la única salida para mejorar las arcas municipales. "Los alcaldes tienen toda la razón en ese sentido", ha dicho Oquendo. "Quien tiene que garantizar la prestación de servicios en los pueblos son las administraciones, no las iniciativas de este tipo", ha apuntado Manuel Cárdenas después de que el diputado del PSOE, Sergio Ortiz, se haya referido al pago de los servicios gracias a la inyección económica de estas iniciativas.

No obstante, los ponentes han encontrado "voluntad" política de llegar a acuerdos en todos los grupos. "Es un momento clave para enderezar el rumbo. Los criterios del INAGA no son suficientes", ha concluido Paloma Ibarra.