Uno de los dos presuntos cabecillas de la organización criminal que se dedicaba a facilitar el paso de inmigrantes irregulares procedentes del Kurdistán iraquí hacia el Reino Unido ocultos en camiones frigoríficos que circulaban por la A-23, Ojalan A., un iraquí de 30 años, acaba de ingresar en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel. La trama de inmigración clandestina fue desarticulada a principios de 2018 y sus integrantes fueron juzgados y condenados por la Audiencia Provincial en 2019, pero Ojalan escapó de la operación de desmantelamiento desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Valencia y no fue puesto a disposición policial hasta hace unos días gracias a la orden de detención europea cursada por el juzgado turolense.

El ahora detenido era, presuntamente, el máximo responsable de la organización de inmigración ilegal con el ya juzgado y condenado a cuatro años de cárcel Shwana Rafiq, también iraquí. Ambos contaban con la colaboración de media docena de personas que se encargaban de distintas labores dentro de la red y que también fueron condenadas por la Audiencia Provincial de Teruel a distintas penas de cárcel por debajo de los dos años.

Tras cumplir una condena en Francia por hechos similares a los que se le imputan en España, Ojalan A. fue puesto a disposición de la Justicia española y en concreto del Juzgado número 2 de Teruel, que ordenó su prisión provisional como presunto autor de los delitos de trafico de personas, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La entrega del sospechoso a España se produjo por Irún (Guipúzcoa) y permanece ingresado en la cárcel de San Sebastián, desde donde compareció por videoconferencia para declarar ante el Juzgado número 2.

La organización encabezada por Ojalan A. se destapó a principios de 2017 a raíz de la interceptación de dos camiones frigoríficos que circulaban por la A-23 con grupos de inmigrantes kurdos irregulares ocultos en los remolques. El primer caso fue detectado por la alerta que dio el conductor en Ferreruela de Huerva en febrero de 2017. Una familia formada por seis personas, cuatro de ellas menores, viajaba oculta con el cargamento soportando unas temperaturas tan bajas que podrían haberles costado la vida. Un mes después, otro camión refrigerado fue interceptado por la Guardia Civil en Villafranca del Campo con ocho iraquíes ocultos entre la carga.

En total, en pocos meses se acumularon media docena de episodios similares en carreteras de tránsito entre el arco mediterráneo y la cornisa cantábrica. En el interior de los remolques fueron rescatados 15 inmigrantes iraquíes. En algunos casos, los mismos polizones aparecieron en varios transportes.

La investigación policial reveló que los viajes habían puesto en peligro la vida de los inmigrantes, que hacían viajes de entre 30 y 40 horas a bordo de vehículos refrigerados con temperaturas de solo cuatro grados. La trama se encargaba de forzar los portones de los camiones en zonas de descanso para que se subieran los polizones sin el conocimiento de los camioneros, que, en varias ocasiones, dieron la voz de alarma a la Guardia Cvil al escuchar ruidos sospechosos. Los transportes se dirigían a puertos de la cornisa cantábrica, como Santander o Bilbao, desde donde la organización tenía pensado embarcarlos de forma clandestina en barcos para alcanza así el Reino Unido, el principal destino de los kurdos.

La organización tenía vínculos con otros países europeos en los que captaba a inmigrantes que intentaban llegar al Reino Unido o desde los que pretendía llevar a cabo el traslado al ansiado destino. Los integrantes de la trama también mantenían contactos con la zona de origen, en el Kurdistán, para aprovecharse de la desesperación de las familias que intentaban huir de la conflictiva región.

La banda, que podría haber iniciado su actuación en 2014, cobraba entre 3.000 y 10.000 por persona y se encargaba de alojarlas y procurarles el tránsito por España a través de la A-23 y el embarque clandestino hacia el Reino Unido. Según algunas fuentes, el ahora detenido Ojalan A. podría haber ganado un millón de euros con la actividad de tráfico ilegal de inmigrantes kurdos.