El PP advierte de que obligar a 46 de los 51 ayuntamientos de la provincia de Teruel beneficiarios del fondo para obras municipales del Fondo de Inverisiones de Teruel (FITE) de 2017 por incumplir las condiciones de la ayudas puede provocar la "quiebra" de los consistorios. Más del 90% de las localidades que fueron beneficiarias de las ayudas para infraestructuras locales del Fondo de Inversiones de 2017 van a tener que devolver una parte o su totalidad, además de intereses de demora. Los populares denuncian que muchos consistorios se ven abocados a una situación financiera muy preocupante por culpa, en muchos casos, de otras administraciones que no son esas entidades locales.

Ante esa realidad, el Partido Popular de Teruel va a presentar una propuesta para su debate en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Teruel, encaminada a poner solución a este hecho, de la misma manera que se registrará próximamente en las Cortes de Aragón. Todo ello porque, tal y como ha recalcado el máximo responsable de la formación, Joaquín Juste, existe un riesgo real de “quiebra económica” de los municipios que deben devolver las ayudas del FITE 2017. Los populares plantean que se compensen los reembolsos con una subvención equivalente con cargo a los recursos sin invertir de anteriores anualidades del FITE.

El número uno de los ‘populares’ turolenses ha realizado esas declaraciones en compañía del secretario general del PP, Jesús Fuertes, y también del portavoz suplente y alcalde de Monreal del Campo, Carlos Redón, que es una de las localidades directamente afectadas con esa resolución. En su comparecencia ante los medios de comunicación, Juste ha apostado por aprovechar los remanentes acumulados de anualidades anteriores para realizar una subvención nominativa a cada uno de los ayuntamientos afectados y por el importe que les reclama el Gobierno de Aragón.

“Si no ponemos solución a esta realidad que están viviendo hoy 46 municipios de la provincia, lo que vamos a conseguir es quebrar la economía de muchos consistorios y también su estabilidad, especialmente de los más pequeños que son los que cuentan con menores recursos”, ha señalado.

Para Juste, el criterio empleado por el Ejecutivo regional es “excesivamente restrictivo”, muy especialmente porque “en muchas ocasiones, la causa de la petición de los importes viene provocada por lentitud de otras administraciones”. “Cualquier ayuntamiento que necesitara una autorización del INAGA o Confederación, o un boletín de Industria, se ha visto en la tesitura de que ha terminado el plazo y no tienen esos documentos pero la obra se ha ejecutado correctamente”, ha precisado.

Casos especialmente complicados para los pequeños ayuntamientos que, debido a los escasos recursos con los que cuentan para la prestación de servicios a sus habitantes, ha advertido Juste, “no hubieran realizado esa actuación de no haber contado con esa subvención porque no disponen de esos fondos”.

Esta reivindicación relativa al FITE se une a las que ha formulado el Partido Popular de Teruel en los últimos meses y que ponen el foco en la eficiencia y celeridad en la tramitación, con vistas a que los beneficiarios dispongan del mayor plazo posible para ejecutar las actuaciones y también para justificarlas.

El presidente del PP turolense ha especificado que las ayudas que ahora están en cuestión corresponden a la anualidad de 2017. La orden de esta línea concreta salió publicada el 29 de diciembre de ese mismo año por un importe superior a los 7 millones de euros y su resolución data del 25 de julio de 2018. Es decir, que disponían de apenas cinco meses para licitar, adjudicar, ejecutar y justificar.

“Cuando ponemos de manifiesto que es necesario que se firme lo antes posible y que la administración debe ser ágil para publicar las bases y resolverlas, es precisamente para que los beneficiarios, que son precisamente los que más tiempo necesitan, no tengan que ir a contrarreloj para poder dar cumplimiento a todos los requerimientos”, ha declarado.

El portavoz suplente de los ‘populares’ y también alcalde de Monreal del Campo, uno de los cuarenta y seis municipios que deben devolver importes nada desdeñables, ha subrayado que si el Gobierno regional obliga a la devolución de esos importes sin plantear soluciones alternativas como la que ha propuesto el PP, “no solo no mejorarán los pueblos sino que los hundirán”.

Así se rotundo se ha mostrado Redón, que también ha puesto en valor la enorme trascendencia que tienen estas subvenciones para el medio rural. “Si no fuera por esas ayudas, los municipios turolenses no podríamos financiar esas obras e infraestructuras para que los vecinos tengan un lugar mejor para vivir”, ha agregado.

Por esa razón, ha dado especial importancia a la propuesta que han registrado en la institución provincial y ha recalcado que es una medida que “se puede poner en práctica”. Además ha reclamado al Gobierno de Aragón que tome cartas en el asunto porque tienen “cierta responsabilidad” en esta situación.

“Le pedimos que salve de la ruina a los ayuntamientos y también que piense en lo que se va a hacer a partir de ahora en las próximas convocatorias para que no vuelvan a suceder hechos como los que estamos viviendo en estos días”, ha reclamado.