La UTE contratada para construir el hospital de Alcañiz pidió suspender la obra antes de comenzar a trabajar

La UTE OHL-Dragados incumplió el contrato de construcción del nuevo Hospital de Alcañiz desde el principio. Tan solo un mes después de la colocación de la primera piedra, ante la falta de trabajos, el Gobierno de Aragón ya comenzó con los requerimientos para recuperar los desfases y cumplir con el programa de trabajos. La UTE hizo caso omiso y se retrasó en los plazos, entregó documentación sin las preceptivas firmas, planteó cambios que habrían supuesto una importante transformación del proyecto e incluso solicitó en dos ocasiones la suspensión temporal de la obra. Una de ellas, cuando no había movido ni una sola piedra en la ladera de Cantagallos.

Tampoco pagó a tiempo los tributos al Ayuntamiento por lo que éste llegó a embargar las cuentas del Salud.

Además, la UTE OHL-Dragados pagaba a las subcontratas, muchas de ellas de la zona, con unos plazos de cobro efectivo por los subcontratistas "elevados y abusivos" que suponían un "incumplimiento" de la normativa contractual. Las empresas que trabajaban en la obra cobraban, de media, más de siete u ocho meses después -240 días aproximadamente- desde que se da conformidad a su factura cuando, en cambio, la UTE recibía su pago por parte del Salud en menos de 60 días.

En caso de que alguna subcontrata quisiera cobrar antes del plazo de siete u ocho meses, el sistema de pago permitía recibir el dinero con anterioridad pero nunca de forma íntegra. Conllevaría la aplicación tanto de una comisión bancaria del 0,75% como de un interés del 3% en lo que el banco denomina «condiciones de anticipo».

Así queda constatado en el informe del Consejo Consultivo de Aragón en el que se basó DGA hace unas semanas para aprobar la rescisión del contrato con OHL-Dragados para la construcción del nuevo Hospital Comarcal de Alcañiz. En el documento, de 21 páginas, la comisión del consejo dictamina la resolución del contrato por "demora e incumplimiento" de los plazos parciales que hacen prever la imposibilidad de cumplir con el plazo total de ejecución así como constata el incumplimiento de otras obligaciones contractuales por parte de la UTE consideradas "esenciales". Es el caso del pago a las subcontratas o la puesta en obra de los medios materiales y personales necesarios para la correcta ejecución del contrato, propuestos y valorados en su oferta.

Cuando ya ha transcurrido más de la mitad del plazo de ejecución de la obra, tan solo se han realizado trabajos por menos de un 10% del total a ejecutar. La certificación de diciembre de 2019, mes en el que el Servicio Aragonés de Salud inició el expediente de resolución del contrato después de un año con los trabajos paralizados, tan solo se habían ejecutado obras por valor de 2.806 euros y habían tres personas trabajando.

Las 26 certificaciones emitidas correspondientes a los meses de ejecución de obra, de noviembre de 2017 a diciembre 2019, suponen un "incumplimiento sistemático" de los plazos parciales de ejecución establecidos en el programa de trabajo, hasta el punto de hacer "inviable" la construcción puesto que suponen un desfase de ejecución de más de 17 millones de euros. El año pasado se quedaron sin ejecutar más de 10 millones del presupuesto reservado para el Hospital, que se suman a los siete millones no gastados entre 2017 y 2018.

OHL-Dragados logró la adjudicación de la obra del hospital en junio de 2017 por 57,4 millones presentando una oferta a la baja del 28,83% respecto al precio de licitación. Es decir, rozando la baja temeraria y con una oferta muy inferior a las 16 restantes, cuya reducción era del 19,57%.

Un mes después, en agosto, la UTE presenta la documentación técnica requerida del proyecto a ejecutar como su propuesta de variante junto con el programa de trabajo, el plan de seguridad y salud y una serie de indicaciones técnicas respecto de la ejecución del contrato sin las firmas del técnico competente en todos los documentos en los que su rúbrica resulta imprescindible. Por ejemplo, en la memoria, planos y, fundamentalmente en el presupuesto de la obra. No obstante, desde la Dirección de Obras del Salud se comienza su análisis y estudio a los efectos de su supervisión quedando pendiente que los documentos del proyecto a ejecutar se firmen por el técnico competente y por el responsable de la UTE para que sean considerados válidos. Finalmente se realiza la supervisión favorable del proyecto aunque sin colocar físicamente los sellos de supervisión en la documentación debido a que continúa sin ser firmada por los responsables del proyecto.

El 5 de octubre, un día antes del acto oficial de la colocación de la primera piedra se realiza en Alcañiz la comprobación de replanteo del proyecto de ejecución y se levanta el acta viable de la misma, suscrita por todos las personas que intervienen -no se cita en el informe quiénes son- aunque por ambas partes se hacen constar "reservas".

Las dos primeras certificaciones reflejaron la "inactividad total" en el inicio de la obra al quedar a cero euros. La primera piedra se colocó en octubre de 2017 pero la obra estuvo varios meses parada y no fue hasta enero de 2018 cuando se realizó el vallado perimetral de la parcela.

El informe de la Dirección Facultativa ya manifestó entonces por escrito esta inactividad inicial y se dirimió que en enero la UTE todavía estaba pendiente de gestionar un vertedero al que trasladar los excedentes de tierra que la obra iba a generar pese a que en su oferta técnica proponía la utilización de un vertedero cercano a los terrenos.

Con fecha 21 de febrero de 2018, cuando lo único que había hecho era comenzar con el vallado perimetral y ya acumulaba meses de retraso, la UTE solicita una modificación del proyecto a la Dirección Facultativa y la suspensión temporal de las obras. El Salud se negó ya que no existía ninguna razón técnica objetiva que lo motivara y reiteró a la UTE el "evidente" desfase de ejecución, que ascendía entonces ya a más de seis millones de euros. Sin embargo, OHL-Dragados no quedó conforme y continuó solicitando una modificación del proyecto en escritos posteriores.

En 2018, ante el desfase de ejecución de obra que se estaba produciendo y el consecuente desajuste presupuestario que implicaba, inicialmente se propuso la tramitación de un reajuste de anualidades. Finalmente, no se tramitó puesto que la UTE pretendía eliminar el retraso que se le imputaba como contratista en la ejecución de los trabajos como causa del mencionado reajuste.

Posteriormente, los informes mensuales de obra y las visitas de los técnicos del Salud evidencian dejadez de la obra de forma constante por la UTE y desde el inicio de su ejecución.

DGA envía a la UTE "constantes" requerimientos respecto del incumplimiento de plazos, la dotación insuficiente de personal en obra -un hecho que públicamente negaban- y sobre la ejecución de la construcción tal y como se ha ofertado por la UTE. Por su parte, la UTE realizaba constantemente comunicaciones con dudas técnicas del proyecto y su ejecución que le eran contestadas.

Los días 4 y 15 de noviembre de 2019 el órgano de contratación realiza a la UTE los últimos requerimientos para dotar a la obra de los medios suficientes establecidos en su oferta, para cumplir su programa de trabajo ejecutando la obra que le corresponde y comenzando la recuperación de desfases, advirtiendo que de lo contrario se podría iniciar un procedimiento de resolución contractual. El 13 de noviembre DGA recibe un escrito en el que la UTE vuelve a solicitar la suspensión temporal de las obras y le reitera unas discrepancias sobre unos planos.

Unas semanas después, el 3 de diciembre, la UTE presenta un dossier de propuestas de arquitectura e instalaciones que implican un replanteamiento del proyecto con múltiples cambios.

Ya constatada la "inviabilidad técnica y la falta de disposición" de la UTE para dotar a la obra de los medios necesarios que permitan una recuperación de los plazos de ejecución; el 12 de diciembre se recibe la certificación de noviembre. Ésta es de 19.012 euros, inferior incluso a la del mes anterior, 57.477 euros. Además, el informe mensual constata la practica paralización de la obra con tan solo tres operarios trabajando.

Pese a ello, en sus 59 páginas de alegaciones la UTE se opone a la resolución por hechos que le sean imputables y niega su vinculación con los plazos del programa de trabajo, afirma que es imposible concluir la obra a tiempo por distintas "afecciones". Pide una indemnización a su favor equivalente al 3 % de la cantidad pendiente de ejecutar, que como es el 90,45 % del contrato ascendería aproximadamente a 1,5 millones de euros.

La UTE tampoco cumplió en plazo con su obligación de abonar las tasas municipales que le corresponden y que se le notificaron con la firma del contrato en julio de 2017. Tras varios avisos de inicio de la vía de apremio, notificados igualmente a la UTE, con la finalidad de recaudar los importes de estas tasas, el 18 de mayo de 2018 el Ayuntamiento comenzó a embargar las cuentas del Salud como responsable último de la construcción y pese a ser una obligación contractual de la UTE.

El Salud procedió al abono inmediato de las tasas al Consistorio el 5 de junio, paralizando así el embargo iniciado de las cuentas públicas y consiguiendo retrotraer el recargo del 20%.