La Fiscalía de Teruel ha archivado la investigación abierta para esclarecer por qué el Hogar San José de Teruel, una de las residencias de mayores más castigadas por la pandemia de coronavirus, guardaba en dos de sus almacenes, a finales del pasado mes de abril, cinco toneladas de comida caducada. 

La medida ha supuesto "un gran alivio" para el centro, según manifestó este martes el abogado del geriátrico, Jaime Fernández Martos, quien atribuyó la postura del Ministerio Público "a que no se ha encontrado ningún comportamiento punible desde el punto de vista penal". "El asunto no tiene relevancia penal", reiteró.

Con una oleada de contagios y varios fallecidos por la covid-19, el Hogar San José, regentado por religiosas, fue intervenido el 21 de marzo por el Gobierno aragonés, quien, en el transcurso de una inspección, encontró los alimentos pasados de fecha. El centro ha reforzado con una dirección técnica no religiosa al equipo gestor para cuando este tome de nuevo las riendas del geriátrico.

Un centenar de familiares de los residentes, voluntarios y amigos del San José, mostraron este martes su apoyo a las religiosas con una manifestación a las puertas del centro y la lectura de una carta en la que agradecían a las hermanas "la atención y el cariño" dedicado a sus mayores. Los participantes rechazaron las críticas que ha recibido el geriátrico.