Piden que el Gobierno aragonés sea condenado por no dotar de suficientes equipos de protección a los médicos en la pandemia

El Juzgado de lo Social de Teruel ha dejado visto para sentencia el juicio planteado por el sindicato aragonés de médicos de Atención Primaria Fasamet contra la DGA, el Sistema Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), a los que acusa de no haber dotado a los profesionales sanitarios de suficiente material de protección durante la pandemia por falta de previsión. El resultado, según el sindicato médico, habría sido el contagio en la provincia de Teruel de 118 sanitarios, lo que equivale a un 20% del total de personas infectadas.

Fasamet pide que la Administración autonómica sea condenada por haber incumplido la legislación de prevención de riesgos laborales. El sindicato reclama que la justicia obligue a la DGA, al Salud y al IASS a cumplir dicha normativa dotando de los epis (equipos de protección individual) suficientes, y acordes con cada situación y servicio, a las plantillas de profesionales sanitarios. En este proceso judicial no se solicitan indemnizaciones económicas, sino que se declare que el Gobierno aragonés no ha respetado la ley, vulnerando los derechos fundamentales de los sanitarios a trabajar sin riesgo para su salud.

El abogado de Fasamet, José Manuel Aspas, ha afirmado en el juicio que, en base a documentos aportados por la propia Administración sanitaria, ha habido quincenas en las que la carencia de equipos de protección fue "absoluta". Ha destacado que se produjo una "rotura de stock" en los almacenes de hospitales y centros de salud que obligó a recurrir a donaciones de material y a la confección de mascarillas y otros elementos por los profesionales sanitarios.

Aspas ha añadido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) venía alertando desde finales de enero de la necesidad de proveer a los sanitarios de los elementos de protección necesarios. "No se puede decir que la situación era imprevisible", ha dicho.

En la misma línea se ha posicionado la Fiscalía de Teruel. "Ha habido una vulneración de los derechos fundamentales y se ha puesto en peligro la vida e integridad de los trabajadores", ha subrayado el fiscal, quien ha recordado que el material que compró el IASS el 2 de abril no se recepcionó hasta el 7 de mayo y solo de manera parcial, pues hubo que sustituir una partida defectuosa.

El abogado que defiende al Gobierno aragonés, Ortillés, ha argumentado que China -el primer país que sufrió la covid-19- no ofreció una información fidedigna acerca de cómo era la transmisión del virus. "Hemos volado a ciegas y nos hemos pegado una castaña", ha dicho, y ha lanzado la pregunta de si "¿alguien, en su sano juicio, esperaba tantos afectados?". 

El letrado de la Administración sanitaria ha asegurado que los trabajadores de mayor riesgo han tenido equipos de protección y que la Administración ha podido comprar material "pese a todas las dificultades". "Hemos comprado cantidades ingentes, pese a todo", ha dicho. "Se han cumplido los deberes de almacenaje y protección; no se puede hacer más con los medios que tuvimos", ha destacado. 

Ha sido el primer juicio en Aragón promovido por un sindicato sanitario contra el Gobierno aragonés por la escasez de epis. El lunes tendrá lugar en Huesca una vista oral por la demanda que ha interpuesto Fasamet contra la Administración en esa provincia  y el día 8 de junio se repetirá en Zaragoza. 

El juicio en Teruel se ha desarrollado por vía telemática, con media hora de retraso en su inicio por problemas técnicos y algunos fallos de audición. En la sala solo han estado presentes la jueza de lo Social y la agente judicial mientras que los abogados de las partes y el fiscal han intervenido por videoconferencia desde sus despachos.