Teruel

teruel

La Fiscalía concluye la investigación por el vertido de lodos en el Guadalope

Han declarado una veintena de personas ligadas a las obras de recrecimiento del embalse.

El fondo del embalse estaba colmado de sedimentos, parte de los cuales fueron a parar al río.
El fondo del embalse estaba colmado de sedimentos, parte de los cuales fueron a parar al río.
L.A.R.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel ha dado por concluida la investigación iniciada en enero de este año para determinar si pudiera haber hechos de relevancia penal en la afección de un tramo del Guadalope por lodos procedentes del vaciado de Santolea como paso previo a las obras de recrecimiento de este pantano. Un tramo de unos 30 kilómetros de río se quedó sin flora y sin fauna al recibir 0,09 hectómetros cúbicos de barro, cantidad suficiente para llenar la plaza de San Juan de la capital turolense.

A instancias de la Fiscalía, una veintena de personas de 14 organismos han declarado como testigos a lo largo de este tiempo para contribuir al esclarecimiento de las causas que originaron el vertido de lodos. Por el Palacio de Justicia de Teruel han desfilado peritos, trabajadores, técnicos y representantes de empresas que han participado en el diseño y ejecución de las obras de ampliación de Santolea.

Para recrecer el pantano, se necesitaba previamente desembalsarlo mediante canales y una balsa de decantación que impidiera la llegada de partículas sólidas al río. No era sencillo, pues Santolea acumulaba una gran cantidad de sedimentos. "La turbidez del agua era, en parte, inevitable; la cuestión es hasta qué punto", afirma el fiscal encargado del caso, Jorge Moradell. Fue entre diciembre de 2018 y enero de 2019 cuando se produjo un arrastre de lodos "excesivo" –dice el fiscal– que llevó a la Asociación AEMS-Ríos con Vida a poner una denuncia. "Se creó un problema de dimensiones inesperadas; no era previsible el alcance de esa turbidez", subraya el representante del Ministerio Público. Las lluvias torrenciales del año pasado complicaron aún más las tareas, matiza.

Según explica Moradell, "ahora hay que estudiar si hubo omisión dolosa o imprudente de medidas para minimizar las afecciones al medio fluvial". El fiscal de Medio Ambiente en Teruel calcula que habrá tomado una decisión a finales de agosto o principios del próximo mes de septiembre.

Etiquetas
Comentarios