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Polémica en La Puebla de Híjar por la reapertura de la antigua fábrica de Aceites Pina

Malestar entre buena parte de los vecinos de la localidad turolense, que no ven con buenos ojos que se retome una actividad “contaminante” en pleno casco urbano.

Imagen de archivo de la antigua fábrica de Aceites Pina en La Puebla de Híjar.
Imagen de archivo de la antigua fábrica de Aceites Pina en La Puebla de Híjar.
Guillermo Mestre

La posible reapertura de la antigua fábrica de Aceites Pina en La Puebla de Híjar (avenida de la Estación, 65) ha generado malestar entre buena parte de los vecinos de la localidad turolense, que no ven con buenos ojos que se retome una actividad “contaminante” en pleno casco urbano.

La empresa Gonca Oil SL llegó a poner en marcha las obras de acondicionamiento de las instalaciones de esta refinería y extractora de aceite, pero, según el alcalde Pedro Bello, “los trabajos se paralizaron recientemente por falta de permisos”.

Entre tanto, los poblanos -principalmente los que viven en el barrio de la Estación- se han movilizado para crear una asociación vecinal que pretende impedir que se abra un negocio de estas características entre las viviendas. Más aún, teniendo en cuenta que “a poca distancia” hay un polígono industrial.

El aceite se elabora mediante el reciclado de orujo y la mezcla de combustible se volatiliza y genera una capa viscosa que se expande”, explica el presidente, Paco Companys, quien en 2005 compró una casa contigua a la fábrica. “Mi postura se puede extrapolar al resto de los vecinos de la zona. Nos inquieta pensar que el día de mañana vamos a tener que soportar una contaminación que no va acorde a estos tiempos”, remarca Companys, coincidiendo con la opinión de otro vecino que prefiere no revelar su nombre.

Antes trabajaba mucha gente de la localidad en la empresa y era normal que, debido a esos intereses, se mantuviera abierta. Ahora eso no iba a ser así. Gonca Oil viene de fuera y el Ayuntamiento no tiene que dar la cara por la gente del pueblo”, valora este poblano, refiriéndose a que la antigua fábrica era propiedad de la familia Pina.

Al respecto, el mencionado Pedro Bello señala que el Ayuntamiento velará tanto por el “bienestar” de los vecinos como por los “derechos” de una empresa cuyos representantes, por el momento, se niegan a realizar declaraciones. “Si Gonca Oil obtiene todos los permisos, aceptaremos la reapertura. Pero me consta que el tema no está fácil. Van a tener que ser muy rigurosos y reformular la estrategia, dado que hace una década que cesó la actividad”, concluye Bello.

Recorrido controvertido

La empresa Aceites Pina, dedicada a la elaboración de aceite mediante reciclado de orujo, comenzó su actividad en la época de la Guerra Civil española, a partir de una pequeña factoría situada a escasos metros de la actual. Por aquel entonces, su actividad era legal porque el espacio era considerado zona industrial. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cercanía de las casas se convirtió en problema y las quejas comenzaron a sucederse.

En 1994, la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente presentó alegaciones contra la ampliación de la fábrica, al considerar que era “nociva y contaminante”. Además, Francisco Sierra lideró una agrupación vecinal que denunció que, durante la campaña de recolección de la aceituna, los residuos del orujo se amontonaban al aire libre, perjudicando a las casas colindantes. Asimismo, Sierra encargó análisis del agua de una acequia de riego, cuyos resultados indicaron que existían “sólidos en suspensión, aceites y grasas”.

Ya en 2008, la rotura de la chimenea de la fábrica a causa del cierzo, con la consiguiente humareda y malos olores, levantó nuevas quejas. “No se puede respirar en la calle porque la rotura permite que salga más humo del habitual y provoca un olor insoportable”, declaraban algunos vecinos a HERALDO, y lamentaban un “fuerte edor” que se colaba por la garganta y provocaba escozor en los ojos.

Contratiempo que, sumado al incendio que se produjo solo un año después, llevó a Nieves Alcañiz a recoger firmas y elevar la queja al Justicia de Aragón. Y ese mismo año, la empresa fue sancionada con 11.000 euros por incumplir la normativa medioambiental.

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