Una decena de localidades bajoaragonesas se movilizarán contra las multas y los expedientes que les ha abierto la CHE por verter al río sin depurar cuando fue el Gobierno de Aragón quien paralizó la construcción de las depuradoras. Aseguran que se trata de una situación "injusta" puesto que no está en sus manos solucionarla. En muchos casos, se trataba de infraestructuras excesivas, insostenibles y muy costosas, pero el bloqueo ha dilatado la solución ambiental a un problema cuya responsabilidad no es de los ayuntamientos. "Son las formas y no la multa lo que nos preocupa. A cada uno nos ha llegado en una fecha, cantidades distintas... No es justo", afirmó ayer el alcalde de Mas de las Matas, Pedro Pitarch.

Ayer tuvo lugar una reunión en el Ayuntamiento de Mas de las Matas en la que, además del anfitrión, asistieron representantes de Calaceite, Aguaviva, Cantavieja y Castelserás. En el encuentro decidieron solicitar reuniones, por separado, con la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba; el presidente de la CHE, Raimundo Lafuente; y los portavoces de todos los partidos en la Comisión de Desarrollo Rural de las Cortes de Aragón.

El IAA renunció en 2016 a los polémicos contratos para depurar las zonas 10-B y 10-C, que tenían un coste de 91 millones. En la primera zona se incluyen Aguaviva, Cantavieja, Castellote, Castelserás, La Iglesuela del Cid, Mas de las Matas y Valdealgorfa. La 10-C abarca Calaceite y Mazaleón, y dos municipios de la provincia de Zaragoza: Nonaspe y Maella.

Todas estas localidades se han unido ahora para intentar paralizar las sanciones. Aseguran que en otras comunidades ya se han suprimido aunque, por el momento, desde DGA no están por la labor. Desde el IAA han dicho en más de una ocasión que "no les parecen justas" pero que "no puede hacer nada". Al ser preguntados por una posible ayuda económica a los ayuntamientos, desde el departamento de Desarrollo Rural descartan esta opción, que sí se ha utilizado en otros casos, alegando que "incluso podría ser hasta ilegal".

A casi todos los ayuntamientos afectados por la paralización de las depuradoras les han abierto expediente o les han sancionado este año con cuantías que van desde los 2.000 a los 3.000 euros. Excepto Cantavieja, que lleva dos años pagando sanciones de más de 2.900 euros. No obstante, estos municipios ya pagan anualmente un canon de vertido que en su caso es más caro por no tener depuradora. Además, se grava a los vecinos, que hacen frente a un impuesto de contaminación de aguas (ICA), que en su caso sí se bonifica por no tener depuradora.

Sí que se ha librado de las sanciones Castelserás, que ha sido escogido por el IAA para un plan experimental y ya tiene redactado el proyecto para iniciar este año la construcción de una depuradora conocida como "de filtro verde". No obstante, este proceso también va con retraso porque las obras debían haber empezado hace casi un año. El resto de municipios no van tan avanzados y sus proyectos se encuentran actualmente en fase de redacción.