La puesta en marcha de una residencia de ancianos como receta para crear empleo y asentar población, una idea que en los últimos diez años ha guiado a muchos ayuntamientos del medio rural turolense, ha resultado una tarea más ardua y compleja de lo que se pensaba. Seis municipios tienen las obras de sus futuros geriátricos paralizadas desde hace años y sin fecha de reanudación, mientras que en otros tres casos los edificios están terminados y no se abren o bien se han tenido que destinar a otros usos por falta de demanda. En todas las ocasiones han sido necesarias cuantiosas inversiones públicas, que se han llevado a cabo sin que exista un mapa de necesidades y recursos en servicios sociales de Aragón.

En Aguilar del Alfambra, con 77 vecinos censados de los cuales solo 35 viven en el pueblo, los apartamentos tutelados para mayores que acabaron de construirse en 2010 tras ocho años de obras, fueron reconvertidos en 2013 en hotel rural al no haber gente interesada en ocuparlos. Costaron 500.000 euros. Tanto su actual alcalde como el anterior, Enrique Galindo y Vicente Sanfrancisco, consideran acertado el cambio de uso ante la "falta de viabilidad" de un geriátrico.

En Villafranca del Campo ­–300 vecinos–, el edificio de viviendas tuteladas lleva terminado un año, pero, ante la falta de legislación sobre esta modalidad de geriátrico, el Ayuntamiento estudia si lo convierte en residencia de válidos o de asistidos. Si apuesta por esta última opción, tendrá que reformar la construcción antes de abrirla e invertir de nuevo tras haber gastado ya 1,3 millones de euros.

En Cantavieja, todo indica que la apertura de la residencia –que ha costado 3 millones– es inminente. Sin embargo, el Ayuntamiento no lo ha tenido fácil. Las obras, iniciadas hace 12 años, se inauguraron en enero de 2015, pero ha habido que adaptar el edificio a personas con discapacidad, pues ocuparán parte del centro, gestionado por la asociación Atadi. Para el alcalde, Ricardo Altabás, es la única fórmula viable, pues el Consistorio carece de capacidad para administrar el geriátrico.

En la residencia de Cella, con 77 plazas, se han invertido 3 millones, pero faltan otros dos para acabarla, lo que equivale al presupuesto municipal de la localidad de todo un año. Las obras están paradas desde 2013 y no hay previsión de reanudarlas. Su alcalde, Joaquín Clemente, lamenta que 100 vecinos viven en geriátricos de otras localidades, pero admite que sin subvenciones no podrá terminar el centro y estas llegan con cuentagotas desde que empezó la crisis. En similar situación están los geriátricos de Olba –construido al 60%–, Alloza, Calamocha –con dos centros en ejecución–, Caminreal y Fortanete, donde, de las cuatro plantas construidas, solo se utiliza la primera como local para asociaciones y botiquín farmacéutico. "Es inviable", sostiene su alcalde, Abel Daudén.

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Joaquín Juste, destacó que el umbral de solvencia de las residencias se ha elevado al disminuir el número de usuarios por la crisis. Agregó que la DPT no maneja cantidades de dinero tan elevadas como para poder respaldar la construcción de un geriátrico y que debe ser el Gobierno aragonés quien atienda las solicitudes, ya sea con fondos propios o del FITE.