El personal que trabaja en el Palacio de Justicia de la capital turolense ve con preocupación su traslado temporal a un espacio alternativo mientras duren las obras de reforma del edificio, previstas desde junio de este año hasta, aproximadamente, el primer trimestre de 2018. Fuentes judiciales advirtieron esta semana de que "ir y venir supondrá un trastorno grave para el funcionamiento diario de los juzgados".

El propósito es ubicar provisionalmente los juzgados en la Casa Blanca, un edificio del Gobierno aragonés situado en la zona del Ensanche que actualmente está infrautilizado y cuenta con espacios libres. Frente a la idea inicial de trasladar a los trabajadores –alrededor de 120– en dos fases, el consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, aconsejó hace escasos días a los servicios técnicos que la mudanza se hiciera en bloque, con el fin de poder agilizar el desarrollo de las obras en el Palacio de Justicia.

El cambio de criterio ha sorprendido a los representantes sindicales de los trabajadores, quienes cuestionan que la Casa Blanca tenga espacio suficiente para acoger a toda la plantilla a la vez. "A primera vista, no parece que todos vayamos a poder instalarnos allí al mismo tiempo y surge la pregunta de si el Juzgado de Menores, que necesita una entrada diferenciada, podrá incluirse también", manifestó la portavoz de los empleados por CC. OO., Caridad Belanche.

Antonio Salvador, del sindicato CSIF, señaló que "a priori, la Casa Blanca es mucho más pequeña que el Palacio de Justicia", y advirtió de que "si las obras duran un año, quizá los trabajadores puedan soportarlo, pero si se dilatan en el tiempo, será complicado". Para algunos empleados, la mejor solución hubiera sido construir una "Ciudad de la Justicia" fuera del Centro Histórico, como se ha hecho en Zaragoza y Huesca, pues habría simplificado la mudanza."Es de sentido común"

Las mismas fuentes judiciales antes mencionadas agregaron que es "de sentido común" considerar que el traslado a una ubicación provisional dificultará el trabajo. "No se trata solo de la actividad que hay en los despachos de los empleados sino que todos los días se celebran juicios y hay detenidos, y para ello se precisa de espacio suficiente", señalaron.

Vicente Guillén admitió que "alguna molestia sufrirán los empleados", pero destacó que será solo por un tiempo. "Debemos ser capaces de trabajar todos en la ubicación provisional", dijo y explicó que el único problema en la Casa Blanca puede ser el acondicionamiento de suficientes salas de vistas.

Para acoger todos los servicios judiciales, la Casa Blanca será sometida a obras de adaptación que tendrán un coste de 30.000 euros. Serán trabajos puntuales de distribución de espacios y nuevos tabiques tanto en la planta baja como en la planta primera. Además, habrá que adecuar la instalación eléctrica y la red informática a las nuevas necesidades. La previsión de uso de este edificio se extiende a partir de febrero o marzo de 2016 y durante un plazo no inferior a 24 meses, el periodo necesario para el acondicionamiento previo, la ocupación por el personal –en mayo o junio de este año– y la restitución de los espacios a su estado original. La DGA informa que las zonas ocupadas quedarían desalojadas en el primer trimestre de 2018.

En la planta baja de la Casa Blanca, así como en la primera, habrá despachos y salas de vistas, mientras que en el sótano, el garaje servirá de archivo y calabozo provisional. El semisótano será utilizado parcialmente como zona de oficinas.