El regidor cretense, que ha defendido desde que se inició la polémica que el emplazamiento de la estación de residuos fue aprobado por el Instituto Aragonés del Agua (IAA), aseguró tras prestar declaración que se encuentra "tranquilo". "He contestado a todo lo que se me ha preguntado. Estoy tranquilo y voy a seguir trabajando por mi pueblo, que es lo que he hecho hasta ahora", dijo Camps tras permanecer más de una hora dentro de los juzgados.

Fue la Asociación de Vecinos y Vecinas de Cretas (AVVC), una formación creada para denunciar la obra en 2013, la que puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado esta primavera las supuestas anomalías que ahora se investigan. Entre otras cuestiones, acusaban al Ayuntamiento de propiciar la instalación de la depuradora en unos terrenos concretos, pertenecientes a un familiar de uno de los ediles del Partido Popular. Al respecto, cabe subrayar que el proceso que se siguió para la adquisición de la finca fue una expropiación del Instituto Aragonés del Agua. Camps, en clara referencia a los denunciantes, dijo ayer: "No me van a quitar las ganas de hacer cosas por mi pueblo".

La denuncia presentada ante la Fiscalía, que defendió hace unos meses el secretario de la asociación, Juan José Pérez, señala entre otras cuestiones, a lo largo de 30 folios, la comisión de un presunto delito por falsificación de un documento público a la empresa que edifica las obras. Pese a que ha liderado las quejas desde el inicio de las obras, Juan José Pérez ha declinado esta semana opinar sobre el caso y ha desvinculado la denuncia a la Fiscalía de la actividad que realiza la asociación vecinal de Cretas.