La Fiscalía de Alcañiz ha llamado a declarar al alcalde de Cretas, Fernando Camps (PP), como investigado –antiguo imputado– del caso por el que se estudian presuntas irregularidades en la ubicación de la depuradora de la localidad, actualmente en proceso de construcción. El primer edil cretense, que recuerda que el emplazamiento fue aprobado por el Instituto Aragonés del Agua, prestará declaración mañana.

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Cretas (AVVC) denunció ante la Fiscalía General del Estado la pasada primavera las supuestas anomalías que ahora se investigan. Desde que comenzaron las obras en 2014, la Asociación había manifestado su malestar porque la nueva infraestructura se encuentra a tan sólo 200 metros del casco urbano del municipio. Reclamaba que podría generar olores, ruidos constantes, impacto visual y aumento de insectos y roedores en toda la zona.

El informe presentado en el Juzgado, que defendió hace unos meses el secretario de la asociación, Juan José Pérez, señala, a lo largo de 30 folios, la comisión de un delito por falsificación de un documento público a la empresa que edifica las obras. Pese a que ha liderado las quejas desde el inicio de las obras, Juan José Pérez prefirió no hacer declaraciones ayer sobre el caso y desvinculó la denuncia a la Fiscalía de la actividad que realiza la asociación vecinal de Cretas. Al parecer y entre otras cuestiones, acusaban al Ayuntamiento de propiciar la instalación de la depuradora en unos terrenos concretos.

Por su parte, el alcalde de Cretas rehusó hacer declaraciones al entender que debe dar las explicaciones pertinentes mañana ante el juez. Este medio no pudo localizar a su abogado, Agustín Comín, en todo el día de ayer.Polémicas depuradoras

En 2005, el ejecutivo autonómico aprobó el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que contemplaba una inversión de 40 millones en 20 años en cinco municipios de la comarca del Matarraña: La Fresneda, Cretas, Valderrobres, Peñarroya y Beceite. En los dos primeros pueblos se alzaron voces principalmente en contra del modelo de depuradora por el que apostaba la administración. Tanto la asociación cretense como el Ayuntamiento de La Fresneda –en este caso por unanimidad– estiman que el modelo de planta química del Instituto Aragonés del Agua supone una inversión de 1,1 millones de euros frente a los 300.000 que supondría implantar una de filtro verde como la que funciona en Fabara (Zaragoza), el primer municipio aragonés en instalar este modelo.

A las quejas de la Asociación se sumaron diferentes colectivos de toda la Comunidad Autónoma y se creó la Red de Agua Pública de Aragón para aglutinarlos a todos. Su presidente es el candidato al Congreso de los Diputados de Podemos por la provincia de Zaragoza, Pedro Arrojo. En el acuerdo de gobierno de PSOE y CHA se contempló la revisión y estudio del Plan y, en septiembre, el nuevo Gobierno de Aragón escuchó las críticas de los detractores y paralizó la licitación de las depuradoras de Castellote, Aguaviva, Cantavieja, Castelserás, Mas de las Matas, Valdealgorfa, La Iglesuela del Cid, Calaceite, Mazaleón, Nonaspe y Maella. Sin embargo, las plantas que habían comenzado a edificarse, continúan adelante.