La miembro de la Mesa de las Cortes Julia Vicente (PSOE) y el alcalde de Torres de Albarracín, Inocencio Martínez (PAR), vuelven a estar investigados –término equivalente al anterior de imputados– en su calidad de diputados provinciales de 2007 a 2011 por el juzgado que instruye supuestas ilegalidades en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) del Jamón. Aunque sus imputaciones quedaron en suspenso el pasado día 18 ante la ausencia de una acusación contra ellos, la incorporación al procedimiento del expresidente del CRDO Eugenio García como acusador particular solventa esta carencia.

El titular del Juzgado número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, matiza, no obstante, en una providencia emitida ayer que no citará a declarar a Julia Vicente –que goza de aforamiento como diputada en el Parlamento aragonés– e Inocencio Martínez hasta que su reciente auto en que mantiene la imputación de Antonio Arrufat y Francisco Abril –que están en las mismas circunstancias que Vicente y Martínez– sea firme.

El magistrado señala que los 25 miembros de la Diputación Provincial (DPT) que aprobaron las tres subvenciones supuestamente irregulares recuperan la condición de investigados, entre ellos Vicente, Martínez, Arrufat y Abril.

La providencia aclara que, como la situación de todos diputados que votaron las subvenciones al Jamón investigadas –que suman 68.000 euros– es equivalente, la posible aceptación del recurso contra la imputación de Antonio Arrufat y Francisco Abril "vincularía de forma total y absoluta al resto de futuribles investigados".

Tanto la Fiscalía como los abogados de Arrufat y Abril anunciaron que recurrirán las imputaciones ante la Audiencia Provincial. El juez entiende que seguir adelante con las declaraciones de investigados sería innecesario y podría causar un perjuicio injustificado a los diputados del periodo 2007-2011 si, finalmente, la Audiencia opta por la desimputación.

Jerónimo Cano dedica un amplio apartado de su providencia a exculpar a la expresidenta de la DPT y actual diputada en las Cortes Carmen Pobo (PP). Señala que "en modo alguno va a ser investigada", porque su participación en una de las subvenciones dudosas se limitó a firmar la orden de pago que cumplía un acuerdo plenario anterior en el que no tomó parte. "Su proceder fue correcto", remacha el magistrado.

Jerónimo Cano aclara que ni Arrufat ni Abril fueron investigados "en modo alguno" por firmar órdenes de pago de subvenciones, sino como participantes en el pleno que aprobó las ayudas. Fuentes cercanas a los imputados recalcaron, no obstante, ayer que, cuando se les citó a declarar, se justificó su comparecencia por su condición de firmantes de los desembolsos en favor del CRDO.

La providencia mantiene el mismo criterio con los 25 diputados del pleno de la DPT que con los cuatro directivos del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) investigados, incluido su exdirector Antonio Gasión. A juicio del magistrado, la actuación de la DPT, que concedió subvenciones "prescindiendo de forma grosera" de las normas legales, "dista poco" de la del IAF, organismo filial de la DGA que subvencionó al Jamón con 573.428 euros.

Los abogados de Antonio Arrufat y Francisco Abril, Miguel Ángel Lou y Manuel Gómez, respectivamente, presentaron ayer sendos recursos contra la admisión de Eugenio García como acusación particular. Consideran que esta deslegitimado para ejercer esta función porque no es un perjudicado directo de los posibles delitos investigados y consideran contradictorio que, en su día el juez rechazase la personación del CRDO y ahora admita la de su expresidente a título individual.

Lou, que también recurre en nombre del jefe de los servicios agropecuarios de la DPT, el imputado Rogelio Castaño, considera "sorpresiva" y "extraña" la actuación de García y "no alcanza a entender" cómo el juez acepta su personación. Por su parte, Gómez denuncia "la incongruencia palmaria que se saca de la manga el instructor para darle cancha en la causa al señor García y así resucitar las imputaciones a miembros de la DPT".